Lima.- Comunidades de la selva amazónica y de la costa peruana se unieron este viernes en Lima para pedir ayuda a las Naciones Unidas frente a los derrames de petróleo, un problema que las afecta de forma directa desde hace décadas y está vigente en el país desde el accidente producido en enero pasado en el mar de Lima.
«Los derrames que se han verificado en la costa central de Perú pueden ayudar a ampliar la conciencia de la humanidad, pero eso no basta», declaró a Efe el relator de la ONU sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marco Orellana, quien realiza una visita académica a Perú y recibió las demandas de las comunidades.
Representantes de comunidades nativas de la selva y de la costa del norte del país expusieron sus experiencias, peticiones y lamentos al relator respecto a los derrames que han afectado durante décadas su modo de vida vinculado con la naturaleza.
Voces con diferentes acentos que reflejaban la diversidad de Perú coincidieron en la importancia de que Naciones Unidas recogiese su mensaje y lo traslade al presidente de Perú, Pedro Castillo, y a la comunidad Internacional.
«Hay un elemento de responsabilidad, no solamente de las empresas si no de los países de donde vienen las empresas. La dimensión extraterritorial de los derechos humanos y el deber de respeto es una consideración universal en este momento del estado del derecho internacional», dijo Orellana al respecto.
Asociaciones de pescadores artesanales afectados por el derrame producido en enero en la refinería La Pampilla, que opera Repsol, representantes de organizaciones indígenas amazónicas y comunidades del norte de Perú estuvieron de acuerdo en que el Estado debe proveerlos de los mismos derechos que al resto de ciudadanos.
«Tenía que suceder en la capital un derrame, algo que en otras zonas del país lleva pasando, para que todos mirasen al norte y a la Amazonía, para ver sus aguas y ríos contaminadas», declaró Macedonio Vásquez, presidente del Frente Macro Región Norte.
RECHAZO A LAS PETROLERAS
Algunos de los representantes clamaron directamente por el cierre de refinerías y sedes de extracción, por las consecuencias que les acarrean los derrames, sobre todo la contaminación de aguas, que a su vez contamina a los peces y causa enfermedades en las poblaciones.
«No queremos ninguna plataforma más en nuestro mar porque traen contaminación y hambre», dijo Vásquez, antes de afirmar que se pesca mucho menos desde la presencia de petroleras en su zona.
Georgina Rivera, presidenta del Consejo Indígena de la Amazonía Peruana y miembro de la comunidad de Nazareth, en la región de Amazonas, declaró a Efe que piden el apoyo de la ONU, ya que «viven diariamente» con el agua contaminada del río Chiriaco, que es su «mercado y medio de vida», desde un derrame del oleoducto operado por la estatal Petroperú en 2016.
«Pedimos que las empresas petroleras no trabajen y si quieren que hagan una consulta en los pueblos, porque nosotros defendemos nuestro territorio y el convenio 169 de la OIT avala nuestra causa», aseguró.
Además de exigir sus derechos, señalar que han sido «olvidados» por las autoridades y denunciar un presunto trato a favor de las grandes empresas por parte del Estado peruano, muchos representantes demandaron estudios, investigaciones y análisis para conocer cómo les afectan las aguas contaminadas con hidrocarburos.
Las comunidades entregaron un documento con demandas formales a Orellana, entre las cuales se incluyó la petición de «modificar la normativa que permite la impunidad de las empresas extractivas, y los atropellos» a sus territorios y al medio ambiente y fortalecer la institucionalidad ambiental.
También pidieron «mecanismos fuertes para el cumplimiento de las normas que obligan a las empresas a dar mantenimiento a los ductos de petróleo y cambiarlos en caso sea necesario, e implementar sistemas de monitoreo actualizados».
«Hacen falta medidas concretas, pasos para empezar a cambiar de trayectoria, porque en este momento vemos la emergencia climática, el envenenamiento sistemático del planeta y eso debe ser revertido», comentó Orellana a Efe. EFE
