Que el contenido del veto parcial sobre la ley de despenalización del aborto por violación presentado por el presidente Guillermo Lasso es restrictivo en derecho, es lo que coinciden activistas que trabajan en favor de las mujeres y los derechos de las víctimas de violencia sexual a nivel nacional.
Para Cristina Vera, directora de la Fundación Surkuna y quien trabaja con niñas que han sido violadas, lo que el presidente Lasso buscó con el veto a la ley fue obstaculizar el procedimiento con el establecimiento de requisitos y plazos, y no garantizarlo como se lo ordenó la Corte Constitucional, CC.
Según los datos de la fundación, el 95 % de las niñas que se han practicado un aborto desde abril del año pasado cuando fue despenalizado por la CC, lo han hecho pasadas las 12 semanas de gestación, lo cual significa que el veto presidencial las dejaría fuera de ejercer el derecho.
“El Presidente demuestra un total desconocimiento de la realidad ecuatoriana. No sabe lo difícil que es poner una denuncia, que una niña no puede contar con el apoyo de un representante porque es en el seno familiar donde se perpetra el delito, que las niñas que han sufrido abuso sistemático no se dan cuenta que están embarazada hasta que alguien les nota”, afirmó la experta.
Sybel Martínez, abogada y defensora de los Derechos Humanos, coincide y en su cuenta de Twitter manifestó que el veto parcial no solo que incumple el mandato de la Corte Constitucional, “también constituye una negación a los derechos humanos de las niñas, mujeres y personas con capacidad gestar en experiencias límite”.
“Ecuador es un país donde las mujeres son las últimas de sus prioridades”, posteó en su cuenta de Twitter la docente y feminista Mónica Mancero, y agregó que “cuando las violan y se embarazan el Estado les dice que no cree que haya sido una violación” refiriéndose a las víctimas.
«Prohibir el aborto no disminuye los abortos. Aumenta las tasas de aborto no deseados y las tasas de embarazo no deseamos en países donde es más restrictivo…».
El veto parcial presentado la noche del martes 15 de marzo de 2022, contiene los antecedentes sobre el veto parcial, incluye un apartado sobre su posición personal respecto al aborto y la decisión de la Corte Constitucional, las razones generales de la objeción parcial y 61 objeciones o textos alternativos que deberá analizar la Asamblea Nacional dentro de 30 días.
Las organizaciones feministas preparan una demanda de inconstitucionalidad en contra de Lasso, pues en su objeción señala que la norma aprobada por la Asamblea violentaba la Constitución, por lo que le correspondía emitir un veto de inconstitucionalidad, que iría a la CC, y no un veto parcial.
La Asamblea tiene poca opción de ratificar sus textos
El veto parcial volverá a la Asamblea Nacional en donde se requerirá de 91 votos para que se ratifiquen los textos inicialmente aprobados por el Legislativo, caso contrario, la norma se aprobará con las objeciones del primer mandatario.
La asambleísta Verónica Carrillo, de Izquierda Democrática, considera que es muy poco probable que se consigan los votos, tomando en cuenta que para la aprobación de la ley se logró, con las justas, los más de 70 votos necesarios, tras negociar la reducción de la temporalidad.
Con esta visión concuerda Ricardo Vanegas, Pachakutik, quien señaló que el veto del Ejecutivo era un tema que se esperaba, pues, al igual que el presidente de la República, coincide en que el proyecto aprobado por la Asamblea violentaba otros cuerpos legales, sobre todo los que se refieren a la objeción de conciencia de los médicos y la impunidad que considera se incentivaba para el violador.
Sin embargo, entre quienes se oponían a la norma aprobada por la Asamblea tampoco hay conformidad con la decisión presidencial. Esteban Torres, Partido Social Cristiano, calificó a la objeción del primer mandatario como “tibia” y señaló que se esperaba un veto total.
