El juez Alí Lozada, presidente de la Corte Constitucional (CC), desarrolló el jueves 12 de mayo de 2022 la audiencia en la que trató las dos causas relacionadas con la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que involucran un aumento salarial a los docentes del sector público; en dicha diligencia se evidenció que el impacto a las finanzas es menor al que anunció el Gobierno y que sí existirían fuentes de financiamiento, según quienes defienden la reforma.
Antes de iniciar la audiencia, el juez Lozada se dirigió a las partes involucradas, recalcó la independencia con la que dictará su fallo y puntualizó que sobre este tema deberían haber encontrado soluciones la Asamblea y el Ejecutivo, pues es su deber, pues la corte no se pronuncia sobre conflictos sociales, salvo cuando se plantean, como en estes caso.
Hace un año, la CC declaró a la reforma de la LOIE como constitucional, sin embargo, estableció que los USD 2.175 millones que, según el Gobierno le significarían al país la creación de un nuevo escalafón docente, carecían de justificación y no contaban con una fuente de ingreso, lo cual, se envió a subsanar.
En miras a cumplir el fallo de la CC, la Asamblea Nacional reformuló la reforma a la Ley, estableciendo ya no un nuevo escalafón, sino una equiparación salarial de los docentes con los sueldos del resto de los empleados públicos, por lo cual, el impacto al presupuesto del Estado se redujo a USD 630 millones.
¿Cómo obtuvo ese cálculo la Comisión de Educación de la Asamblea? Fue lo que los jueces constitucionales le preguntaron a Daniel Ruiz, quien representó al Legislativo en la audiencia, pues tomaron en cuenta el número de docentes que les remitió el Ministerio de Educación: 159.896, le restaron 50 mil que solo tienen contrato ocasional y multiplicaron el incremento, pues no se contó con los informes del Ministerio de Economía.
Pero ante la consulta de los jueces constitucionales, Olga Núñez, subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, evidenció la cifra real, que asciende a USD a 493 millones anuales, que equivale a la cuarta parte de lo que el Gobierno inicialmente informó y a la octava parte de lo que el presidente Guillermo Lasso aseguró: USD 4.000 millones.
Sobre el financiamiento
Para Núñez, el monto es irrelevante, pues considera que, como el presidente Lasso lo dejó claro en su veto total a la reforma a la LOEI, lo que importa es que sigue sin existir una fuente de financiamiento, pues el Estado tiene al momento un déficit presupuestario.
La Asamblea, en la aprobación de la reforma, estableció dos fuentes de financiamiento: el incremento del precio del petróleo y la Reforma Tributaria que se aprobó a finales del 2021.
Fabián Pozo, secretario Jurídico de la Presidencia, insistió en que un egreso permanente: el salario de los maestros no puede ser financiado por un ingreso no permanente, como el precio del petróleo.
Sin embargo, la otra fuente señalada por la Asamblea: la Reforma Tributaria, que según Olga Núñez solo se aplicará por dos años, sí contempla partes permanentes, pues solo las contribuciones especiales tienen temporalidad, todo lo demás, incluido el cambio al cálculo del Impuesto a la Renta, es fijo.
