El Poder Judicial convocado a tutelar los derechos de los ecuatorianos y vigilar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en el país, en crisis. El Poder Legislativo encargado de la producción normativa y fiscalización o control político en el Ecuador, también en crisis. El Poder de Transparencia y Control Social que se conforma con el engendro del Consejo de Participación, no abandona su crisis. El Poder Electoral, ¿en dónde estará? Y el Poder Ejecutivo, por ahí va.
La suspensión del presidente de la Corte Nacional acompaña a la indefinición en la correcta conformación del Consejo de la Judicatura; lo que muestra un debilitamiento profundo en la estructura judicial del Estado, lo que no es de poca atención. No se trata de un órgano de tercera fila, sino el encargado de hacer justicia y llevar a cada ciudadano lo que le corresponde ante la violación de un derecho o cumplimiento de su pretensión. Se trata así de una crisis que ahuyenta la estabilidad y definición jurídica del Estado.
La destitución a la presidenta de la Asamblea Nacional a través de aprendidos métodos de mayoría coyuntural, muestra la agenda propia antes que los intereses institucionales del país. En la Asamblea confluye la visión nacional desde una dimensión de representatividad que se anula por el pacto de los intereses de líderes de temporada quienes detrás de una votación hacen y deshacen con el órgano legislativo. Mientras tanto, ausencia de legislación y fiscalización para el país.
El engendro del Consejo de Participación Ciudadana tiene en la mira de un juicio político a su presiente y además guarda una conformación escandalosa luego de la destitución ilegal que se hiciera a su presidenta. Este órgano, hace poco, era una suerte de dos cabezas con los mismos monstruos.
Momento vergonzoso y de nulas probabilidades hacia una salida institucional. Al final, cualquier intento de salida provocaría más crisis. Es lo que hay. Es a lo que nos tienen acostumbrados. En crisis. (O)
