Guillermo Lasso, presidente de la República, tiene plazo hasta el 25 de agosto para enviar sus objeciones.
El Gobierno tiene casi listo el veto parcial a las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), que aprobó la mayoría opositora de la Asamblea Nacional el 22 de julio.
La semana pasada, Leonardo Lasso, secretario de Comunicación, explicó a periodistas que el Gobierno planifica dividir el veto en dos partes. Una, por posibles inconstitucionalidades y otra por objeciones parciales a la propuesta legislativa.
Si el Ejecutivo opta por la objeción por inconstitucionalidad, debe ir a consulta de los jueces de la Corte Constitucional (CC) por una presunta vulneración de derechos como la eliminación de la opinión como contenido comunicacional, la aprobación de planes de comunicación por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) y la exclusión de los medios comunitarios del régimen normativo.
Las objeciones que se incorporarán en el texto que será remitido a la Asamblea tienen relación con impedir las nuevas atribuciones a la Defensoría del Pueblo, detener la modificación a la composición del Consejo de Comunicación, eliminar los defensores de audiencias y el control de la autorregulación.
“Propuesta ampliamente criticada”
Francisco Rocha, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), comentó que esta propuesta legislativa ha sido ampliamente criticada “al ser más restrictiva que la actual”. Asegura que incumple con las normas internacionales al eliminar la opinión como parte de los contenidos comunicacionales y dejarla desprotegida.
Advirtió que también amplía las sanciones civiles “o de otra índole”, que pueden ocasionar una presión legal con sanciones o pena de cárcel por mostrar hechos o expresar opiniones.
Asimismo, extiende la censura previa para los medios privados, lo cual, según su análisis, afecta al principio de libertad editorial y se eliminan principios de autorregulación y se fortalece la intervención del Estado para controlar contenidos.
César Ricaurte, director de la Fundación para el Estudio y Análisis de Medios (Fundamedios), y Cristóbal Peñafiel, presidente de la Unión Nacional de Periodistas, también piden al Ejecutivo un veto total.
Ricaurte habló sobre la necesidad de un análisis político sobre el Legislativo, y resaltó que no existe certeza de que no se vayan a lograr los votos para ratificarse en las reformas regresivas que aprobó la Asamblea. “En la Asamblea hay un juego político muy riesgoso”, alertó.
Peñafiel pidió que en el texto del veto se retome el mecanismo de protección a periodistas que fue desarrollado en el proyecto de la ley de Libertad de Expresión aprobado por la Comisión de Relaciones Internacionales, pero que después fue negado por la Asamblea.
El tema tributario
La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos y la Unión Nacional de Periodistas también pusieron sobre la mesa de discusión el tema tributario, que -según señalaron- afecta a los medios, lo que pone una limitante en el transporte de papel y equipos tecnológicos de producción.
Cristóbal Peñafiel sugirió que se debería incluir la eliminación del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la venta de periódicos impresos en la calle.
Indicaron que se necesita tomar en cuenta la posibilidad de financiarse a través de publicidad privada. Aunque el ofrecimiento oficial es vetar el 95% de los artículos de la Ley, los gremios periodísticos consideran que el veto parcial, como plantea el gobierno, sería una movida demagógica.
