Según la Constitución, el Gobierno es el responsable de la seguridad ciudadana.
De su ejecución se encarga la Policía Nacional, aplicando todos los mecanismos legales a su alcance, sin descuidar el respeto de los derechos humanos de los civiles.
También lo da el Ejército, siempre y cuando el Gobierno decrete el estado de excepción, asimismo bajo ciertos parámetros.
La confianza ciudadana en las instituciones encargadas del orden y la seguridad es fundamental para la consecución de sus objetivos.
Esa no ha sido siempre la tónica. La Policía Nacional se ha visto envuelta en una serie de irregularidades. Los esfuerzos por depurarla, tanto desde dentro como desde el Gobierno, tienen altibajos, graves los más.
En justicia, su lucha contra el crimen organizado es encomiable. Ha asestado duros golpes al narcotráfico. En estos últimos días, a bandas criminales dedicadas al sicariato, al secuestro, a la extorsión, al robo.
Por eso no se entiende cómo ciertos elementos dan la espalda a la institución cuyo uniforme lucen. Juraron defender y proteger a los ciudadanos.
La presunta participación de tres policías en un robo con muerte, ocurrido en Cuenca, trastoca la confianza de la población, si bien, la investigación fiscal esclarecerá los hechos.
Videos difundidos demostrarían el accionar de los policías en la escena de la “muerte violenta”.
Las evidencias encontradas al allanarse sus domicilios hacen presumir su involucramiento. Además, haberlos encontrado con pertenencias del occiso vuelve más enigmática su participación directa.
El hecho causó impacto en la ciudad, asediada por la delincuencia. La población clama, exige seguridad; pero está estupefacta al enterarse de semejante participación.
El alto mando policial no optará por el “espíritu de cuerpo”. Más bien facilitará la investigación y aplicará sus reglamentos internos.
No es un caso único en el país ni en el mundo. No por eso la Policía no debe esforzarse para seguir siendo objeto de la confianza ciudadana.
