Como pocas veces durante su gestión, el presidente Guillermo Lasso toma decisiones tajantes, cuya repercusión se verá en el transcurso de los días.
Tales decisiones ocurren tras el asesinato de María Belén Bernal, quien ingresó a la Escuela de Formación de la Policía Nacional, pero no salió con vida. El principal sospechoso es un teniente de la Policía, instructor de cadetes, además.
Este suceso reprochable tiene varias aristas, las más aún no descubiertas. De esto se encarga la Fiscalía, responsable de la investigación, y su posterior acusación a quienes estén involucrados, directa o indirectamente, en el feminicidio.
Por haber ocurrido dentro de un recinto policial (y así no lo sea) y presuntamente cometido por un miembro de la Policía, la institución encargada de dar seguridad a los ecuatorianos está debilitada.
La casi segura omisión, la desidia demostrada ante los pedidos de auxilio hechos por la víctima, más otras interrogantes surgidas tras descubrirse el cadáver, quiera o no aceptarse, han “golpeando” su imagen.
Por eso el presidente Lasso, sin más dilatorias, cesó a los generales Freddy Goyes y Giovanni Ponce. Además, solicitó a todos los mandos policiales poner su cargo a disposición presentando sus respectivas bajas.
El Gobierno valorará la permanencia de esos mandos en la institución.
Lasso también cesó en sus funciones al ministro del Interior, Patricio Carrillo. No se esperaba, pero tras esta decisión puede haber otros entretelones.
Al comandante general de la Policía le dio plazo de una semana para capturar al principal sospechoso del feminicidio.
La propia Policía tiene el reto de transparentarse a sí misma. El “caiga quien caiga” debe ser ahora su máxima urgencia.
El Gobierno está obligado a dar todo su respaldo para el esclarecimiento total del caso, cuya politización, conjeturas y comentarios de toda calaña, sobre todo en redes sociales, deben terminar.
La Justicia, solo la Justicia, hará lo suyo. Eso lo exige el país.
