El servicio penitenciario de Ecuador informó este sábado que dos presos fueron hallados muertos en una cárcel de la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, pocos días después de las masacres ocurridas esta misma semana en las prisiones de Guayas y Cotopaxi, que dejaron 29 reos asesinados.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) señaló en un comunicado que guardias de la Cárcel Esmeraldas Número 2 encontraron los dos cadáveres en el pabellón B de la prisión con aparentes síntomas de asfixia.
Los fallecidos han sido identificados como Gari H., recluido en el bloque B1, y Anthony A., del B2, añadió el SNAI tras precisar que las autoridades han iniciado los trámites e investigaciones forenses y legales correspondientes.
«De manera preliminar, se pudo evidenciar señales de asfixia en los cuerpos, los cuales serán confirmados tras las pericias de ley», agregó la fuente y descartó que los decesos hayan ocurrido por acción de armas de fuego, como se rumoreó en redes sociales.
El suceso en la cárcel de Esmeraldas se dio luego de las dos mascares ocurridas entre lunes y miércoles de esta semana en prisiones de Guayas y Cotopaxi, que dejaron un total de 29 reclusos asesinados y 53 heridos.
En lo que va del año, más de 100 reos han fallecido en las cárceles ecuatorianas, y son más de 400 los asesinados desde 2020 cuando estalló una crisis carcelaria alimentada por la disputa entre bandas criminales por el control de las prisiones, aunque también por el hacinamiento y la falta de presupuestos.
Grupos pro derechos humanos han advertido incluso de un genocidio carcelario ante la supuesta falta de acción del Estado para detener las recurrentes masacres en las prisiones.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), en un informe difundido este viernes, opinó que, al parecer, «la dinámica del Estado es dejar que dentro de las cárceles mueran las personas y, luego de los disturbios, ingresan» para controlar el orden.
Además, según ese grupo, «las condiciones de las masacres carcelarias que son escenarios recurrentes, predeterminados y que ocurren bajo la permisividad del Estado por acción y omisión, constituyen un escenario de genocidio».
También la especialista en temas de seguridad penitenciaria, Carolina Andrade, criticó la actuación estatal ante la inseguridad en las prisiones y dijo que, según ella, el Gobierno parece haber aplicado una «política de autorregulación dentro de los centros de privación de libertad».
Andrade, en declaraciones a EFE, aseguró que «esa política de autorregulación se mantiene» y que eso es lo que están «viendo con la pérdida de vidas en las cárceles».
«No veo que en el mediano o largo plazos la situación vaya a cambiar» en torno a la seguridad en las cárceles, debido a que «nada ha cambiado a nivel institucional» ni en la «voluntad política del Gobierno», agregó la activista.
El Gobierno ecuatoriano, de su lado, ha ratificado su compromiso por cumplir las sugerencias emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a la preocupante situación carcelaria en Ecuador.
Sin embargo, ha reconocido que aún no entran en servicio los 1.300 guardias en proceso de formación que se sumarán a los actuales 1.600 agentes penitenciarios, ni tampoco se ha terminado de equipar a todas las prisiones con escáneres y tecnología para hacer más difícil el ingreso de armas a esos centros. EFE
