«Estoy muerta». «Mi piel se cae a pedazos». «Siento odio»… Estas frases cargadas de un realismo que, preocupantemente, supera cualquier ficción, se repiten en Latinoamérica en la voz, casi siempre acallada, de mujeres que han sido quemadas con ácido.
El 27 de marzo de 2014, Jonathan Vega, un hombre obsesionado con la colombiana Natalia Ponce de León se presentó en el edificio en el que ella vivía en Bogotá, se hizo pasar por otra persona para que saliera a saludarlo y le lanzó un litro de ácido sulfúrico con el que le quemó la cara, los brazos, una pierna y medio abdomen.
«¿Dónde estoy? ¿Me morí? ¿Qué me acaba de pasar? ¿Estoy alucinando?». Muchas preguntas surgieron ese día y ninguna respuesta que ayudara a Natalia a salir de la incertidumbre y a calmar su indescriptible dolor.
«DE VÍCTIMA A SUPERHEROÍNA»
«Han pasado 8 años desde que fui atacada y hoy puedo decir que renací porque pasé de ser una víctima, a una sobreviviente, y finalmente a una superheroína», aseguró Natalia a EFE.
Para llegar a ese punto fueron necesarias 37 cirugías reconstructivas. Pero, para ella, la sanación era algo más.
«Ha sido un proceso largo para entender lo que pasó, abrazar la adversidad y salir victoriosa. Yo decidí no quedarme como una víctima, llena de rabia y odio, sino poco a poco volver a ser feliz y a sentirme bella», confesó mientras reía a carcajadas.
Como parte de la lucha que emprendió desde el momento mismo en el que su piel, su vida, su alegría, se cayeron a pedazos, hizo posible que se creara la Ley 1773 de 2016, bautizada como Ley Natalia Ponce.
Desde entonces, los ataques con ácido son considerados en Colombia un delito autónomo y no una lesión personal, por lo que la condena de cárcel aumentó de 30 a 40 años, y se tiene en cuenta a la hora de juzgar al agresor la tentativa, es decir, la intención de cometer el hecho.
Para ella, lo más importante de su imparable labor ha sido visibilizar esta problemática, sobre la que no existe una cifra oficial que permita saber cuántas son las afectadas en América Latina.
En el mundo, se estima que alrededor de 1.500 personas, en 20 países, son atacadas anualmente, de las cuales un 80 % son mujeres.
Según la organización benéfica ASTI (Acid Survivors Trust International), Colombia ocupa el deshonroso tercer lugar a escala global en número de casos con un aproximado de 100 cada año; solo por detrás de Reino Unido, que denunció 501 en 2018, e India, que tuvo 228 en el mismo periodo.
En ese sentido, el Ministerio de Salud colombiano precisó que «durante los últimos cinco años se han registrado 237 casos de ataques con agentes químicos, de los cuales 126 fueron contra mujeres, como un mecanismo de control, venganza o castigo».
Precisamente, para ayudar a que otras mujeres puedan retomar la vida, Natalia presentó el pasado 27 de octubre en Bogotá el cómic «Kaia: despertando en lo profundo».
La historieta comienza después del ataque, cuando ella se sumerge en un abismo de depresión y dolor que la lleva a conectarse con un mundo habitado por una boa gigantesca con el poder de sanar o destruir.
Cuando está lista, Natalia vuelve a la vida real transformada en la superheroína Kaia, que batalla contra la misoginia y el abuso, e invita a entender que la recuperación llega de diferentes formas.
«Lo que queremos es sensibilizar, educar y prevenir las violencias de género a través del arte, la literatura y la tecnología, con este cómic de realidad aumentada que al escanearse permite conocer otros testimonios», explicó la también fundadora de la Fundación Natalia Ponce de León, con la que ha acompañado a 95 sobrevivientes.
IMPUNIDAD EN MÉXICO
El mismo dolor y obstáculos legales enfrentan las mujeres en México, donde diariamente son asesinadas 10 y en donde la Fundación Carmen Sánchez, conformada por víctimas de la violencia machista, registró 34 sobrevivientes de ataques con ácido hasta el pasado 11 de octubre, durante las últimas dos décadas.
Por esta razón las agrupaciones feministas piden que los ataques se consideren tentativas de feminicidio y acusan al Gobierno de perpetuar la impunidad y desestimar las denuncias de violencia de género, lo que ha permitido que los agresores sigan libres.
Esa es la historia de Elisa Xolalpa, atacada hace más de 20 años por su expareja y que sufrió quemaduras en el 40 % de su cuerpo.
A pesar de ello, su agresor tuvo un juicio por violencia familiar, no por tentativa de feminicidio.
«El Estado no nos da la justicia que merecemos», reclamó Elisa a EFE.
Otro caso emblemático en México es el de la saxofonista María Elena Ríos, quien fue atacada en 2019 y en julio pasado entregó una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que acusó a tres magistrados de recibir sobornos para concederle un amparo a su agresor.
«Eres una puta, una muerta de hambre», eran los mensajes que al parecer le enviaba vía WhatsApp su expareja, el entonces diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Juan Antonio Vera Carrizal.
María Elena, su familia y amigos están seguros de que fue él quien ordenó el ataque, del que presuntamente fueron cómplices otros cuatro hombres y por el que Vera está preso acusado de tentativa de feminicidio luego de que la mujer resultara con rostro, pecho, brazos y piernas quemados.
EL ÁCIDO DEL DIABLO
El miedo se pasea también por las calles de República Dominicana. Allí, 14 mujeres fueron atacadas el año pasado con el conocido popularmente como «ácido del diablo», pese a que su venta estaba autorizada desde 2010 exclusivamente para técnicos e industrias.
Sin embargo, el 20 de agosto de 2021 dos hombres llegaron hasta la casa de Yanelis Arias López, de 42 años, supuestamente para entregarle un ramo de flores.
Cuando la mujer salió, le lanzaron la sustancia corrosiva que le provocó quemaduras en el 70 % de su cuerpo.
El ataque, al parecer ordenado por la expareja de Yanelis, Anselmo Antonio Gómez, la dejó 14 días hospitalizada y, finalmente, el 3 de septiembre del mismo año la mató.
En consecuencia, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor prohibió la venta de los químicos con los que se elabora el «ácido del diablo».
LOS HOMBRES TAMBIÉN SON VÍCTIMAS
Contrario a lo que pasa en el resto de países latinoamericanos, en Nicaragua las víctimas durante los últimos años han sido principalmente hombres.
El caso más conocido es el del sacerdote Mario de Jesús Guevara, quien sufrió lesiones en su rostro al ser rociado con ácido sulfúrico por una mujer rusa, en diciembre de 2018, mientras confesaba a cinco feligreses.
Por el hecho fue condenada a ocho años de prisión Elis Leonidovna Gonn, de 24 años, aunque fue liberada meses después y regresó a Italia, en donde, según la Policía Nacional, tenía «condición de refugiada».
Otros casos se registraron en las protestas antigubernamentales de abril de 2018, en las que Human Rights Watch reportó que la Policía atacó con ácido a un joven de 16 años y a un adulto.
También, los manifestantes denunciaron que un militante sandinista agredió con ácido a ocho opositores, entre ellos uno identificado como Sebastián Sandoval, que confirmó la denuncia.
Eso, denunciar y seguir adelante, como han hecho cientos de afectados en Colombia, México, República Dominicana y Nicaragua es lo que se debe hacer porque, como concluyó Ponce de León: «Todos vivimos dolores en nuestra existencia pero uno no puede quedarse amarrado a esa amargura, lamentándose de su tragedia y convirtiendo la vida en una eterna desgracia». EFE
