Es lamentable y reprochable a la vez la respuesta politiquera lanzada por varios sectores ante la ola de inseguridad cuyo pico más alto – a lo mejor no el único- llegó la semana anterior.
Guayaquil, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, vivieron días de angustia, muerte y sangre, tras la decisión de autoridad competente de reubicar a los líderes de bandas narcocriminales.
Esas bandas cuyos nombres son parte de la jerga delictiva y están en la memoria de todos, mantienen el control de las cárceles del país. Esto nadie lo duda.
Esos mal llamados “centros de rehabilitación social” están repletos de armas sofisticadas, granadas y otros explosivos; además de droga, celulares de alta gama, y desde donde se ordena matar, traficar y toda actividad relacionada al mundo del delito.
Imbuidos de ese poder delictivo, la reubicación de los reclusos degeneró en violencia tanto fuera como dentro de las cárceles. ¿Quién no vio esas escenas de terror? ¿Quién no se enteró de la muerte de cinco policías? ¿Quién no se sintió parte del pánico y exigió al gobierno pararse firme, poner orden, sin dejar de criticar su pasividad ante la inseguridad, y hasta replicaron expresiones del presidente de El Salvador?
Todos, excepto algunos sectores políticos también adictos a la violencia; a obtener réditos electoreros aun en momentos de desgracia y muerte; a concluir su tarea golpista, es decir, a conspirar, hoy por hoy su único afán.
La ciudadanía los tiene identificados. Unos lo dicen abiertamente y actúan en pandilla a través de las redes sociales; otros de manera camuflada por medio de manifiestos públicos; otros censurando al gobierno por permitir, a su juicio, la violencia cuya bandera es parte de su ideario.
Politizar la inseguridad; no entender, a lo mejor a propósito, la real magnitud y el poder de los narcocriminales –“tranquilos” durante más de una década- les hace bien a estos, menos a los verdaderos ecuatorianos.
