En Azuay, Cañar y Chimborazo la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) entregó frecuencias para radios a pesar de que algunos solicitantes no cumplieron con los requisitos.
Esto según reveló un informe de la Contraloría General del Estado (CGE), que analizó la adjudicación de autorizaciones para el espectro radioeléctrico entre el 1 enero de 2017 y el 31 de marzo de 2022.
Este concurso fue para medios de comunicación social privados y comunitarios, que dan servicio de radiodifusión sonora de señal abierta en Frecuencia Modulada (FM) analógica en estas provincias.
La CGE detectó en este proceso una evaluación incompleta de los estudios presentados por algunos participantes y falta de documentación de soporte de informes técnicos.
Descubrió también “frecuencias adjudicadas a participantes que incurrieron en mora con instituciones del Estado durante la ejecución del proceso público competitivo”, lo que debía significar la descalificación.
Igualmente, encontró que “garantías de seriedad de la oferta no fueron renovadas ni ejecutadas y participantes que incurrieron en causales de ejecución de las garantías de seriedad de las ofertas”.
Este organismo de control halló que en este concurso se entregó seis puntos a los participantes que propusieron la utilización de antenas de construcción nacional, pero luego no cumplieron de forma expresa.
Frecuencias de radios se entregaron con inconsistencias
Juan Diego Salazar, ingeniero en telecomunicaciones, señaló que precisamente con esto una estación de radio en Cuenca logró superar a un oponente, que tenía similar puntuación, y ganó el concurso.
“Es una estrategia que se hace para ganar puntos, pero finalmente el patrón de radiación no cumple con las unidades solicitadas, lo que a la final representa un incumplimiento en términos técnicos…”, precisó.
Igualmente, en Chimborazo un adjudicatario recibió una frecuencia a pesar de que mantenía valores pendientes de pago con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Debió ser eliminado.
De igual manera la CGE descubrió en su análisis que se suscribieron títulos habilitantes en los que se evidenció que hubo pólizas de seguros que no estuvieron vigentes a la fecha de la suscripción del referido título.
Galo Crespo, expresidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) Núcleo del Azuay, considera que ya es necesario limitar las adjudicaciones de frecuencias.
“Se entregan frecuencias a personas que no las solicitan para hacer servicio de comunicación, sino que persiguen, a través de la concesión de estas frecuencias, lastimosamente intereses políticos…”, señaló.
Acotó: “quieren por medio de una frecuencia hacer una carrera política, no tienen en el fondo un sentido mismo de hacer periodismo, allí debe comenzar a normarse la adjudicación de las frecuencias”.
Para Crespo en la actualidad hay una saturación de frecuencias, e incluso hay radios que llegan más allá de su área de cobertura autorizada por la autoridad, lo que provoca una serie de problemas.
Patricio Bueno, ingeniero en telecomunicaciones, cree que igualmente se debe garantizar que las frecuencias sean usadas para el fin con el que fueron otorgadas.
“La experiencia nos muestra que sale a concurso una frecuencia que es comunitaria, pero se la utiliza de manera comercial… Algo similar ocurre con las frecuencias para instituciones públicas…”, dijo.
Para Bueno los resultados de los concursos para la adjudicación del espacio en el espectro radioeléctrico tienen que estar sujetos a verificaciones y comprobaciones sin restricciones.
