Como acontece cada fin de año, menuda polémica se armó tras la decisión del gobierno de incrementar 25 dólares el Salario Básico Unificado (SBU) para 2023.
El presidente Guillermo Lasso quiere cumplir su oferta electoral: subir a USD 500 el SBU hasta concluir su mandato.
Años atrás, los gobiernos de tuno destrababan el nudo formado entre las propuestas del sector empleador y las de los trabajadores. Ninguno quedaba satisfecho.
Ahora ocurre algo similar. Con la reciente alza no están de acuerdo los empresarios, grandes, medianos o pequeños. Propusieron un alza de USD 11, 73.
Tampoco lo están los gremios sindicales. Amenazan con un paro, si bien su capacidad de convocatoria es baja; y ellos lo saben. Pero están en su derecho.
El alza impactará en el presupuesto general del Estado para pagar sueldos de la burocracia, siempre abultada e inútil en ciertos casos.
Igual repercutirá en Municipios y Consejos Provinciales cuyos presupuestos son reducidos y, asimismo, absorbidos por exceso de servidores y el gasto corriente.
También incidirá en las pensiones alimenticias y multas de tránsito.
Según el INEC, el alza salarial decretada favorecerá al 7 % de unos 8,2 millones de personas. Estas tienen empleo adecuado o inadecuado.
También se elevó en 5,88 % los salarios mínimos sectoriales. Esto beneficiará a los inmersos en una de las 22 actividades económicas listadas.
Para el sector empleador, el alza repercutirá en los aportes patronales al IESS, en los décimos sueldos, vacaciones y fondos de reserva. La contratación también se verá desincentivada.
Su principal crítica apunta al estancamiento de la creación de empleos adecuados, cuya tasa se ubicó en 33,7 % en octubre de 2022, muy distante de los niveles previos a la pandemia.
Como se ve, son los pro y contra del alza salarial. Cuál pesa más en la economía, es la lección casi nunca saldada. Depende, además, de si se la mira en perspectiva política o técnica.
