En el Estado de Derecho debe prevalecer el Imperio de la Ley con independencia y separación de las funciones del Estado: Ejecutiva, legislativa y judicial.
Pero en los hechos vemos que la funesta pugna entre la Asamblea Nacional y el CPCCS hacen del caos el primer punto del orden del día. En tal perspectiva, la situación social de inseguridad jurídica e incertidumbre institucional que se vive y con mayor razón que en un proceso político normal, determinan acciones concretas y efectivas por parte del Presidente de la República.
Su gestión positiva en la pandemia, la protección a la salud en especial de los niños que padecen desnutrición, el diálogo con la oposición, la transparencia y el respeto a las libertades y derechos humanos forman el contexto para la reorganización del sistema ante una Asamblea dominada por la mayoría opositora que no actúa por el interés superior del Bien Común sino por obscuras finalidades constatadas en la desestabilización institucional, la reiterada oposición a los proyectos de ley que ha presentado el gobierno en materia constitucional, presupuestaria, laboral, tributaria y penal, así el combate para erradicar el crimen organizado y al delito común que actúan con grave lesión a la seguridad jurídica y que hacen del Ecuador un estado fallido que muchos enuncian.
Por lo señalado urge la necesidad de abrir el proceso para convocar a la Asamblea Constituyente que defina el cambio de ruta mediante una nueva Constitución con una función legislativa integrada por legisladores de alta competencia, Justicia Proba y el aliento necesario para oxigenar a la Patria liberándola de la corrupción
Los ciudadanos en su inmensa mayoría queremos un orden justo con la restauración integral del Estado Democrático de Derecho. (O)
