El pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 78 votos afirmativos, la Ley Orgánica de Transparencia Social, conocida como Ley de Fundaciones, porque regulará el accionar de estas entidades.
Este es el cuarto proyecto calificado como urgente en materia económica que la Asamblea le aprueba al presidente Daniel Noboa, desde que inició su segundo período presidencial.
En el objeto de la norma se recalcó que busca establecer un marco jurídico que promueva la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas de las Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro (OSSFL) que operan en el país.
La ley establece que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ejercerá la vigilancia, auditoría y control de las OSSFL, aplicando criterios de clasificación basados en su nivel de riesgo, volumen de recursos, origen de los fondos y alcance territorial, entre otros.
También se establecen obligaciones diferenciadas de transparencia e integridad según el riesgo, incluyendo la implementación de sistemas de debida diligencia, identificación de donantes y beneficiarios y la prevención del uso indebido de recursos.
En el marco de esta normativa, las organizaciones deberán actuar con una cultura de integridad, implementando códigos de ética, sistemas de gestión de riesgos y responsables de cumplimiento institucional, especialmente aquellas clasificadas con riesgo alto.
Además, se crea el Sistema Unificado de Información de las OSSFL, una plataforma digital pública que permitirá consolidar información jurídica, financiera, operativa y de cumplimiento, asegurando la trazabilidad y veracidad de los datos.
La ponente del informe, asambleísta Mishel Mancheno, destacó que esta norma busca cerrar las puertas a los flujos irregulares de capital que financian el crimen organizado y debilitan la justicia fiscal.
Advertencias sobre la Ley de Transparencia Social
Durante el debate, algunos legisladores expresaron críticas y advertencias sobre posibles riesgos de la ley.
Liliana Durán (Revolución Ciudadana) cuestionó la incorporación de reformas que no guardan relación con el tema central de la norma, mientras que Alfredo Serrano (Partido Social Cristiano) observó la carga tributaria y la exoneración de deudas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Paola Cabezas y Viviana Veloz, de las filas del correísmo, alertaron sobre vicios de inconstitucionalidad y riesgos de centralización de poder, y Fernando de la Torre y Noemí Cabrera señalaron la necesidad de medidas integrales frente a la violencia y el crimen organizado.
En contraste, legisladores como Sergio Peña, Alex Morán, Mario Zambrano, Andrés Guschmer y Andrés Castillo, del oficialismo, resaltaron que la norma protege a las organizaciones sociales responsables, establece mecanismos proporcionales de control según niveles de riesgo y garantiza la integridad de los recursos, evitando su uso para actividades ilícitas.
Además, señalaron que la ley promueve transparencia, rendición de cuentas, equidad territorial y fortalecimiento institucional, protegiendo la legitimidad de las OSSFL comprometidas con la sociedad.
La ley contempla incentivos para las organizaciones que adopten buenas prácticas en transparencia, integridad y rendición de cuentas, incluyendo reconocimiento público, certificaciones y priorización en procesos de cooperación y alianzas estratégicas.
Además, establece disposiciones transitorias que regulan la adecuación de las OSSFL existentes, la implementación de sistemas de integridad y la transferencia de activos y obligaciones pendientes de empresas públicas en liquidación.
