El Ministerio del Trabajo solicitó informes técnicos al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al Banco Central del Ecuador (BCE) para analizar un posible incremento del Salario Básico Unificado (SBU), que regirá desde el 1 de enero de
2026.

La expectativa se centra ahora en el proceso de definición del nuevo monto, que deberá concretarse hasta diciembre de 2025, tras lassesiones del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS). De acuerdo con la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez Figueroa, el cronograma contempla reuniones técnicas y mesas de diálogo que se extenderán hasta la última semana de noviembre.

Los informes, que deberán entregarse esta semana, evaluarán indicadores clave como la proyección de inflación para 2025-2026 elaborada por el MEF, el crecimiento económico estimado en 3,4% por el BCE y los datos de empleo del INEC, junto con la información del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) sobre los trabajadores que perciben el salario mínimo.

Informes

Una vez recibida esta información, el Ministerio del Trabajo la distribuirá entre los miembros del CNTS antes de la reunión inicial, prevista para la tercera semana de noviembre de 2025, en las instalaciones de la cartera de Estado en Quito. En esa sesión se presentarán los informes técnicos que servirán como base para el análisis conjunto.

La participación del CNTS será determinante. Este órgano tripartito está integrado por diez representantes de organizaciones laborales y diez de gremios productivos, entre titulares, suplentes y adicionales. Su función es facilitar el diálogo entre el Estado, los empleadores y los trabajadores para definir el SBU, que constituye la base para calcular beneficios laborales, multas y pensiones en el país.

Con toda la información disponible, se prevé convocar dos reuniones adicionales: una en la última semana de noviembre y otra en los primeros días de diciembre de 2025. Estos encuentros permitirán a las partes exponer sus posiciones y buscar consensos sobre el ajuste salarial.

El proceso culminará con la resolución oficial en diciembre, que entrará en vigencia desde enero de 2026. Si no se alcanza un acuerdo, el Ministerio del Trabajo emitirá la decisión mediante acuerdo ministerial, tal como ha ocurrido en años recientes ante la falta de consenso dentro del CNTS.

La ministra Núñez ha proyectado una posible alza de 16 dólares, lo que elevaría el SBU a 486 dólares. Según explicó, esta estimación se alinea con las proyecciones de crecimiento económico del BCE y con condiciones macroeconómicas favorables para 2026.

Trabajadores
Desde el sector laboral, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) propuso en 2024 un ajuste a 564,04 dólares, equivalente al costo de la canasta vital, lo que implicaría un incremento superior a 100 dólares.

Por su parte, durante las movilizaciones por la eliminación del subsidio al diésel, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) planteó un SBU de 650 dólares, es decir, un aumento de 180 dólares respecto al valor actual, según declaraciones de su presidente, Marlon Vargas.

El Gobierno ha reiterado que el nuevo salario se aplicará a partir del 1 de enero de 2026, y que la decisión final se comunicará oficialmente en diciembre de 2025. Hasta entonces, el proceso de diálogo dentro del CNTS será fundamental para definir el rumbo de la política salarial del próximo año.

Debates en medio de anuncios de marchas

Desde el Ministerio de Trabajo se ha insistido a los gremios sindicales en no mezclar la campaña política de la Consulta Popular y el Referéndum con el debate sobre el incremento del Salario Básico Unificado (SBU).

Sin embargo, este llamado no ha tenido el efecto esperado. La Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) anunciaron marchas para el 12 de noviembre en el norte de Quito, lo que provocó el distanciamiento de una de las reuniones previstas para esta semana entre representantes de los trabajadores y el Gobierno.

Desde el Ejecutivo no se descarta aplazar todas las reuniones programadas y reanudarlas después del proceso electoral del próximo 16 de noviembre.
Esta medida permitiría evitar la influencia de factores políticos en el debate técnico sobre el ajuste salarial. No obstante, desde el sector laboral
se ha cuestionado que el anuncio anticipado de un posible incremento de 16 dólares haya debilitado cualquier espacio de discusión técnica.