Durante la campaña electoral de las elecciones de noviembre del 2026, por primera ocasión, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizará un control de las redes sociales, en las que verificará el cometimiento de infracciones que podrán ser sancionadas.

La decisión del CNE se basa en una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que estableció una nueva regla electoral que le permite al organismo regular lo que se emite y gasta en redes sociales.

“Las publicaciones realizadas por redes sociales cuya connotación, contexto y contenido tengan por propósito movilizar la voluntad popular a favor de una candidatura o en perjuicio de alguna opción electoral, debe ser considerada publicidad electoral; y como tal, está sujeto a control por parte de los órganos de la Función Electoral”, señala la sentencia 111 del TCE, emitida el 8 de mayo del 2024.

El anuncio se dio en el marco del Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas, que se desarrolló el 23 de julio del 2026 en Quito, en el que los representantes de partidos y movimientos presentaron sus inquietudes a los representantes y directivos del CNE, previo a la campaña electoral.

Prohibido el apoyo a los candidatos al Cpccs

Tomando en cuenta que el fallo del TCE permitió la sanción a Alembert Vera, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs); José Luna, coordinador de Fiscalización y Control de Gasto Electoral del CNE, explicó que la vigilancia a las redes sociales se centrará en los candidatos a este organismo, pero, si en estos medios se evidencia una infracción electoral, también se la sancionará.

“En este proceso, de manera inédita, va a ser la primera vez en que, dentro del mecanismo que vamos a manejar para el control de la publicidad electoral, también se va a incluir el control de redes sociales, pero, con lo que tiene que ver con los candidatos a consejeros del Cpccs”, afirmó Luna.

Según el Código de la Democracia, los candidatos al Cpccs no pueden recibir apoyo de ninguna organización política, pues deben provenir del sector social y participativo; si se llega a comprobar que un partido o movimiento les auspicia, pueden ser destituidos, como ocurrió con los consejeros de la denominada Liga Azul, vinculada al correísmo.

“Se está incluyendo un mecanismo de control, entonces, las organizaciones políticas deben que tener cuidado, no pueden apoyar a estos candidatos y no necesariamente estamos hablando de una publicación en redes sociales pagada, sino de cualquier acto que se pueda calificar como proselitismo, deben ser cautelosos con sus opiniones”, afirmó el director.

Aunque la sentencia del TCE no se refiere a los candidatos a otras dignidades, Luna explicó que, el control de las redes sociales podrá llevar a sancionar otro tipo de infracciones electorales, que se evidencien en estos medios, como la precampaña o la violencia política de género, lo cual ha ocurrido en anteriores ocasiones.

Alternancia entre jóvenes y mujeres

En las elecciones del próximo noviembre también se aplicará, por primera vez, la exigencia de que las listas de candidaturas estén encabezadas por el 50 % de mujeres y el 25 % de jóvenes.

Para este cálculo, se toma en cuenta todos los binomios de prefecturas que la organización política inscriba a nivel nacional, mientras que para alcaldías y concejalías la validación es a nivel provincial; el partido o movimiento que no cumpla con esta alternancia no podrá registrar sus candidatos.