La Comisión Ciudadana de Selección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) avanza en el concurso público para designar al próximo Fiscal General del Estado (FGE)
La Comisión, presidida por Cynthia Jacho, realizó el sorteo de las 49 impugnaciones que fueron recibidas en contra de los 26 postulantes que continúan en la carrera por llegar a la Fiscalía, y se empezó con la revisión de los expedientes donde la ciudadanía objeta a los candidatos.

Entre los aspirantes que tienen mayor número de impugnaciones está: la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, la magistrada Inés Romero, el fiscal general del Estado encargado, Leonardo Alarcón, y el exjuez nacional Walter Macías.

Según el reglamento del concurso, la Comisión de Selección dispone de un plazo de cinco días para revisar cada expediente y resolver si las impugnaciones a los candidatos son admitidas o rechazadas.

Guido Egas, coordinador nacional de la veeduría ciudadana, en diálogo con El Mercurio estimó que el plazo que tiene la Comisión de Selección para emitir un informe aceptando o no las impugnaciones, concluirá el próximo miércoles 12 de agosto de 2026.

También explicó que las impugnaciones que cumplan los requisitos establecidos continuarán a la siguiente etapa, que contempla la realización de audiencias públicas, donde se analizarán los argumentos presentados y las respuestas de los postulantes a las impugnaciones presentadas.

En caso de que alguna objeción sea declarada inadmisible, la resolución podrá ser apelada ante el Pleno del Cpccs, según consta al reglamento que rige el proceso de selección del Fiscal General

De acuerdo con la planificación vigente, aprobada por la Comisión Ciudadana de Selección el 8 de junio, la designación del nuevo Fiscal General está prevista para el 23 de octubre de 2026.
El concurso busca nombrar a la autoridad que reemplazará de forma definitiva a Diana Salazar, quien dejó el cargo en mayo de 2025, tras lo cual la institución ha permanecido bajo autoridades encargadas.

Requisitos para la presentación de las impugnaciones

La fase de impugnación tiene como finalidad permitir a la ciudadanía y a las organizaciones sociales que presenten sus objeciones respecto de los postulantes, y que estas sean resueltas de forma motivada y objetiva”, dice el artículo 43 del reglamento para elegir Fiscal.

La Comisión Ciudadana de Selección deberá verificar si las impugnaciones presentadas en contra de los postulantes incurren en una o más de las siguientes causales: falta de cumplimiento de requisitos legales, falta de probidad o idoneidad, estar incursos en alguna de las prohibiciones e inhabilidades, haber omitido información relevante para postular al cargo o haber falsificado o alterado documentos para postular al cargo.

Hugo Arteaga, excoordinador nacional de la veeduría ciudadana para el concurso, calificó a la fase de objeciones e impugnaciones como “la etapa crucial” del proceso. “Es una etapa donde se dilucidará quiénes serán los finalistas”, explicó. Los candidatos que superen esta etapa tendrán vía libre para ingresar a la fase de oposición (rendir las pruebas oral y escrita).(SCS)

Últimas fases del concurso

El concurso se calificará sobre un total de 100 puntos: 50 puntos por la fase de méritos (ser abogado, tener conocimiento en derecho penal, litigación oral, procesal penal, los títulos de tercer y cuarto nivel), y 50 puntos por la fase de oposición.

Una superado el escrutinio público e impugnación ciudadana, los aspirantes deberán superar la fase de oposición, que comprende: una prueba escrita (teórica) que será evaluada sobre 30 puntos, y la prueba oral (práctica) calificada sobre 20 puntos.

El reglamento del concurso dispone invitar la academia para que propongan expertos catedráticos en materia penal, constitucional, procesal penal, litigación oral, para que formulen las 3.000 preguntas para la prueba escrita,

Una vez consolidadas las calificaciones de las pruebas, el Pleno del Cpccs procederá a designar al nuevo Fiscal.