La Corte Constitucional del Ecuador (CCE) ratificó la sentencia que suspendió el proyecto minero Río Blanco, en las parroquias Molleturo y Chaucha, en Cuenca, al concluir que no se garantizó el derecho a la consulta previa, libre e informada.
La decisión consta en la sentencia 2546-18-EP/26, emitida por el máximo organismo de justicia constitucional del país. El fallo desestimó una acción extraordinaria de protección presentada dentro del caso.
La CCE analizó los argumentos relacionados con posibles afectaciones ambientales, daños a fuentes hídricas y vulneraciones a derechos colectivos de comunidades asentadas en Molleturo.
Según la resolución, el proyecto Río Blanco contempla la remoción diaria de unas 800 toneladas (tl) de roca para extraer oro y plata durante aproximadamente siete años.
Documento judicial
El documento judicial advierte que el área de influencia del proyecto se ubica cerca del Parque Nacional Cajas (PNC) y dentro de una zona reconocida por la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) como Reserva de Biósfera.
La sentencia también señala que en este territorio nacen fuentes hídricas que alimentan a los ríos Blanco y Canoas, además de ecosistemas considerados frágiles por su riqueza ambiental.
Los jueces concluyeron que dentro de los documentos entregados por las entidades accionadas no existían pruebas de una consulta previa, libre e informada dirigida a las comunidades afectadas.
Comunas
La resolución destaca que en la zona hay presencia de comunidades indígenas y campesinas, además de la Comuna San Felipe de Molleturo, considerada ancestral dentro del proceso judicial.
La CCE sostuvo que la consulta previa no solo protege derechos culturales, sino también la relación de las comunidades con el agua, el territorio y los recursos naturales.
El fallo además recuerda que el proyecto minero obtuvo licencia ambiental en 2017 y que los habitantes de Molleturo se pronunciaron en el referéndum de 2018 contra la minería metálica en áreas protegidas.
El Pleno de la CCE aprobó la sentencia con siete votos a favor y un voto salvado. La resolución quedó oficializada el 4 de mayo de 2026.
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