Lo que ya fue advertido en 2024 y 2025 acaba de ocurrir en 2026: declarar en emergencia el sistema judicial y, por consiguiente, designar jueces temporales, aproximadamente 700, entre jueces de Garantías Penales, Cortes Provinciales y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia.

La resolución la tomó el Consejo de la Judicatura (CJ) en contravía con lo dispuesto en el Código Orgánico de la Función Judicial, que obliga al concurso de oposición y méritos.

Es la consecuencia del manejo político y hasta arribista con el que fue administrado el CJ, víctima, además, de lo que ocurre en la trastienda del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, desde donde se nombra a sus integrantes.

Los jueces temporales, también conocidos como “jueces golondrina”, provendrán de un esquema elaborado por la dirección de Talento Humano del CJ que, además, conformará un “banco temporal de elegibles”.

En el país donde las prórrogas se han vuelto moneda común, pocos dudarán de cuánto tiempo se quedarán los nombrados, con solo cumplir ciertos requisitos mínimos y asistir a un curso de formación en la Escuela de Formación Judicial.

Empero, quién garantiza que los ungidos no lo serán “a dedo”; peor, si actuarán con independencia o según el ritmo marcado por los intereses del poder político, incluso ante advertencias como las lanzadas la semana anterior por el ministro del Interior.

Que ellos no podrán, en condición de tales, ingresar a la carrera judicial, tampoco valida su imparcialidad.

Insinuar, además, que también deberán nombrar secretarios y más personal necesario para el funcionamiento de los despachos.

No hay un horizonte cercano que permita conocer, pero con certeza absoluta, que el CJ se fije un plazo para organizar el concurso y nombrar jueces titulares.

Confirma un panorama nada prometedor para la Función Judicial, en la cual, según encuestas, apenas confía el 18 % de los  ecuatorianos.