La Reforma Universitaria de Córdoba de 1918 marcó un cambio fundamental en la educación superior latinoamericana al reconocer a los estudiantes como actores del gobierno universitario. Más de un siglo después, los principios de autonomía, participación y libertad de pensamiento mantienen su vigencia. Los recientes acontecimientos en la Universidad de Cuenca, a propósito de la visita del presidente Daniel Noboa al campus Balzay, y las posteriores discrepancias entre autoridades y representantes estudiantiles, plantean la necesidad de reflexionar sobre el compromiso institucional con estos derechos. La autonomía universitaria supone la capacidad de resolver sus asuntos sin interferencias indebidas, pero también la responsabilidad de garantizar la libertad de expresión, el debido proceso y los mecanismos de participación reconocidos en la legislación ecuatoriana. La universidad, como espacio de formación académica y ciudadana, debe ofrecer las condiciones para que las diferencias puedan expresarse y tramitarse dentro del respeto a sus normas.
Las discrepancias registradas en el Consejo Universitario de Cuenca deberían servir para revisar los mecanismos de diálogo y fortalecer los procedimientos de participación. Corresponde tanto a las autoridades como a los representantes estudiantiles contribuir a que estos espacios cumplan su función y no queden limitados a confrontaciones que dificulten la construcción de acuerdos. El legado de Córdoba recuerda que la participación estudiantil es parte constitutiva de la universidad contemporánea y no una concesión de sus autoridades. Honrar ese principio exige que las diferencias encuentren canales institucionales para ser escuchadas y resueltas, sin desconocer las responsabilidades que corresponden a cada uno de sus actores. La calidad democrática de una universidad también se expresa en la manera en que trata a sus estudiantes cuando estos discrepan de sus autoridades.
