La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de un comunicado, expuso la preocupación que existe en el país por el adelanto de las elecciones seccionales; además, se pronunció sobre la cancelación de varias organizaciones políticas, lo cual podría vulnerar el derecho del electorado a elegir.

Las elecciones seccionales, en las que se elegirá a las autoridades locales y a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) debían realizarse el 14 de febrero del 2027, pero, fueron adelantadas para el 29 de noviembre del 2026, ante la llegada del fenómeno de El Niño.

Aunque la CIDH aceptó que la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar las elecciones no fue objetada por la Corte Constitucional, sí considera que generó preocupación entre las organizaciones políticas respecto de su capacidad de competir en condiciones equitativas.

Suspensión de organizaciones políticas

La Comisión también se refirió a la información que ha recibido sobre decisiones administrativas y jurisdiccionales que han incidido en la participación de agrupaciones políticas en la contienda.

El organismo internacional se pronunció específicamente sobre el intento de cancelación del partido Unidad Popular y de la eliminación del movimiento Construye, por parte del CNE, y de la suspensión de la Revolución Ciudadana (RC) y del movimiento Amigo por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

La CIDH consultó con el TCE sobre su decisión, organismo que le informó que el Código de la Democracia se activó a solicitud de la Fiscalía por presuntos casos de lavado de activos, tanto de la RC, como de Amigo; y por tanto no responden a criterios de oportunidad política.

“Toda restricción a la participación política debe estar prevista en la ley, perseguir un fin legítimo y ser necesaria y proporcional; exigencia que resulta particularmente estricta cuando la medida recae sobre la existencia o la participación de una organización política”, recalcó la CIDH.

Pide evitar la exclusión arbitraria

El organismo internacional recalcó que, en consecuencia, las suspensiones dispuestas en sede jurisdiccional, los procedimientos sancionatorios y las cancelaciones de personería jurídica, deben adoptarse con estricto apego a las garantías del debido proceso; sin que puedan traducirse en la exclusión arbitraria de opciones políticas ni afectar el pluralismo del proceso electoral.

Estas garantías protegen, señaló la CIDH, no solo a las organizaciones afectadas, sino también el derecho del electorado a elegir entre una pluralidad de alternativas.

“Las reglas que rigen el calendario y la inscripción de candidaturas deben aplicarse con previsibilidad y certeza jurídica, de manera que ninguna agrupación quede en desventaja por razones ajenas a la voluntad de los electores”, señaló la entidad.

Por lo expuesto, la CIDH llamó al Estado a garantizar condiciones de participación política plural e igualitaria durante todo el proceso electoral.

Asimismo, instó a Ecuador a asegurar que toda decisión con efectos sobre la contienda se adopte de manera oportuna, con plenas garantías judiciales, motivación suficiente y recursos efectivos, conforme al marco normativo interno y a los estándares interamericanos.

También se le llama al país a resolver con celeridad los recursos pendientes ante la justicia electoral y constitucional, de modo que las decisiones adquieran firmeza antes de que sus efectos resulten irreversibles para el proceso.