Si el presidente Daniel Noboa gana la consulta popular el 16 de noviembre del 2025 y logra instalar una asamblea constituyente, uno de los cambios que se harán a la Constitución tiene que ver con la prestación de salud que brinda el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a sus afiliados, sus familias y a los jubilados.

Noboa explicó, en una entrevista radial que brindó el 28 de octubre del 2025, que el servicio de salud del IESS no desaparecerá, sino que, según su propuesta, lo brindará el Ministerio de Salud Pública (MSP).

“No es que el Estado o el sistema va a dejar de prestar salud, pasa la competencia al Ministerio de Salud Pública, no se toca el beneficio al ciudadano, lo sigue manteniendo”, afirmó Noboa.

Según el jefe de Estado, el hecho de que el IESS sea un prestador de salud “complica las cosas y se contrapone con el Ministerio de Salud Pública”, con lo que el país termina con dos prestadores de salud estatales, lo cual, a su criterio, no es lo adecuado, pues este no debería ser el papel principal del Instituto, que tendría que concentrarse en las inversiones.

“El seguro social es una caja y debería manejarse como una caja y administrarse de una manera eficiente, que genere suficientes ingresos y utilidades para pagar las pensiones”, afirmó el presidente de la República.

¿Es posible un sistema como el que propone Noboa?

El analista económico Javier Suárez considera que sí, pues es el mecanismo que se aplica desde hace casi 20 años en Uruguay, con éxito; el cual consiste en que los trabajares mantienen su aporte para la salud, el cual sirve para el pago de las prestaciones que reciben en el sistema general.

Según el experto, lo adecuado sería que el IESS siga recibiendo el aporte para las atenciones de salud de sus afiliados que, actualmente es del 5,16 % del sueldo, pero, con este fondo el IESS ya no operaría sus hospitales y dispensarios, sino que, cubriría, como en un seguro privado, la atención que reciban sus afiliados en el sistema unificado de salud pública.

“El problema es que el presidente Noboa no explica cómo va a funcionar el nuevo sistema, no lo deja claro y la gente dice: nos va a quitar toda la atención de salud, eso preocupa y genera muchas elucubraciones”, afirmó Suárez.

¿Tiene capacidad el Estado de asumir la atención de salud?

Actualmente el IESS da atención médica a 8 millones de personas, entre afiliados, hijos de los afiliados y jubilados; para Patricia Borja, experta en Seguridad Social, existen dudas sobre la posibilidad del Estado de asumir esta atención, pues no ha sido capaz de pagar las prestaciones que, de acuerdo con la Constitución y la ley le corresponden.

“Ahora mismo hay varias deudas del Estado en este caso por el concepto de atención a los jubilados, que es su responsabilidad; además, hay una demanda de inconstitucionalidad por la atención a personas con enfermedades catastróficas, que se dispuso que desde el 2001 sean cubiertas por el Estado y no lo ha hecho”, señaló la experta.

La última vez que se hizo pública la deuda del Estado con el IESS fue en enero del 2025, cuando Eduardo Peña era el presidente del directorio del Instituto; se informó que por prestaciones de salud se le debía 17.578 millones de dólares.

Para Borja es importante que, antes de realizar cualquier cambio se informe qué pasará con esta deuda y con los 101 unidades médicas y dispensarios que tiene el IESS, los cuales son activos de los afiliados.

Un sistema insostenible

Aunque los mecanismos que se vayan a emplear son inciertos, para Javier Suárez es importante que se plantee una reforma al Seguro de Salud Individual y Familiar del IESS pues, tal como está al momento, su sostenibilidad en el tiempo es imposible.

“El problema es que el IESS tiene 3,8 millones de afiliados, pero atiende alrededor de 8 millones, porque se incluye a los hijos de los afiliados y a los jubilados, son personas que se atienden, pero ya aportan al sistema, esto lo hace insostenible”, recalcó el experto.

Actualmente, el IESS recibe 1.700 millones de dólares en aportaciones de los afiliados, pero la atención de la salud le cuesta más de 2.000 millones al año, le queda aproximadamente un hueco de 600 millones de dólares y necesita el aporte del Estado y seguirse endeudando.

Sin embargo, para Patricia Borja, es importante que cualquier cambio que se realice a la Seguridad Social implique un amplio debate, no solo por la importancia del tema, sino porque así lo establecen los instrumentos internacionales de los que Ecuador es dignatario.