Andrea Salazar |
Pese a que la Organización Mundial de Salud (OMS) recomienda la aplicación de pruebas a la mayor cantidad de personas posible y repetirlas cada 10 días como medida para frenar la expansión de la COVID-19, en Ecuador apenas se han realizado 315.924, según reporte del Ministerio de Salud. Es decir, se ha testeado a un poco menos del 2% de la población. En España, durante el brote masivo se llegó a hacer hasta 700 mil pruebas semanales.
¿Qué es lo que impide la realización de las pruebas en Ecuador?
En el sector público solo pueden acceder a un test quienes tengan síntomas, mientras que en el mercado el precio de estos productos es elevado: una prueba rápida cuesta entre USD 30 y USD 40 y una PCR puede llegar hasta los USD 120.
Ante esto un grupo de distribuidores de insumos médicos propone la aplicación masiva de pruebas rápidas a un precio de USD 15, el más accesible a la ciudadanía, sobre todo en esta época de crisis.
Hasta ahora se han hecho en Quevedo y Quito y piden apoyo y proponen alianzas con la Cruz Roja o los gobiernos locales para realizarlas en Azuay y Cañar.
Testear a los pobladores de estas dos provincias es de vital importancia en estos momentos, pues según Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud, son las que junto con Guayas sobrepasan el 1% del nivel de contagio. Aquello deja en evidencia que el virus no está controlado en estas provincias.
¿Qué tan confiables son estas pruebas?
Sebastián Maldonado, director del Grupo LB, explicó que los test tienen el 99,7% de especificidad y el 98,5% de confiabilidad, y cuentan con un reactivo individual, algo que las pruebas rápidas comúnmente lo emplean en hasta 25 pruebas.
Maldonado refirió que este tipo de pruebas cumplen con los más altos estándares de calidad, fueron usadas en la mayoría de la población china y sobre todo llegan a un precio accesible sin afán de lucro.
El costo de importación es de casi USD 10 (una prueba rápida de baja calidad puede llegar a costar USD 2). Con el monto restante se cubre los gastos operativos, pues no solo se efectúa la prueba, sino que el paciente también recibe un certificado avalado por el Ministerio de Salud. Asimismo se aplica un triaje al paciente, lo que incluye la toma de signos vitales, temperatura, saturación y presión.
Si alguna fundación, laboratorio o gobierno local o seccional está interesado en apoyar al proyecto puede comunicarse con Carla Palacios, al número 0999706112.
Video: El Mercurio
Sebastián Maldonado, del Grupo LB, explica la calidad del producto que se quiere entregar sin fines de lucro:
