Cuando se escriba la historia de esta Legislatura, no podrán los politólogos ni los historiadores dejar de lado los episodios que provocaron como desenlace la destitución de la presidencia de la asambleísta Guadalupe Llori. Llegó como una carta externa, que pudo encontrar una mayoría frágil y móvil que entre sorpresas para algunos consolidó su nominación como Presidenta de la Asamblea Nacional. La debilidad de su designación prontamente se encontró con la observación de grupos de oposición.
Si la política le jugó en contra, la inexperiencia también. Escándalos sobre gastos administrativos exagerados, contrataciones que dejaron sospechas y gestos y expresiones poco ortodoxas, tanto en el manejo de las sesiones como en las entrevistas de prensa, dejaron dudas sobre su capacidad política y administrativa al frente de la máxima instancia de representación popular, la Asamblea Nacional.
En una sociedad como la nuestra, donde la institucionalidad del Estado se encuentra debilitada, donde las fuerzas políticas actúan sobre los vaivenes coyunturales en lugar de agendas de Estado, es muy difícil aferrarse a espacios en los que se ha perdido legitimidad. Eso le sucedió al poder legislativo en general y a su presidencia en particular.
El paso al costado, en estos casos, era un clamor y un gesto de madurez política. De haberlo dado con anticipación, el resultado le habría dejado algo de capital político a la Asambleísta Llori. Este momento su único viudo parece ser el gobierno, quien con este resultado pierde aún más el poco margen de gestión política que tenía en la Asamblea.
