Funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas habrían sido separados del cargo por estar involucrados en este caso.
A través de un comunicado, el Banco Central del Ecuador (BCE) informó que el 17 de mayo del 2024 desbloqueó los bonos del Estado que, previamente había bloqueado con el objetivo de recuperar los USD 22 millones que el Ministerio de Economía y Finanzas les pagó a los hermanos José, Juan y Carlos Bucaram Aivas, acción que se hizo pese a que el caso todavía se ventilaba en la Corte Constitucional, entidad que anuló la entrega del beneficio a estas personas.
El desbloqueo se realizó después de que se verificó que los hermanos Bucaram ya no tenían en sus manos los bonos del Estado con el que se les pagó la indemnización de una demanda que le ganaron al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), por unas tierras que hace 35 años le habrían quitado a su padre, las cuales también les fueron devueltas.
El bloqueo de los bonos del Estado causó zozobra en los mercados bursátiles pues, como finalmente aceptó el BCE, no se podía afectar a terceros por el intento del Gobierno de recuperar un dinero que no se debió cancelar, como lo estableció la Corte Constitucional (CC).
El BCE realizó las dos acciones, el bloqueo y desbloqueo de los bonos, acatando la decisión de la CC, que el pasado 18 de abril invalidó lo resuelto en la Corte de Los Ríos, que le devolvió los terrenos a los Bucaram Aivas y ordenó una indemnización de USD 22 millones; además, le dispuso al Estado que recupere el monto pagado.
¿Por qué se pagó en plena crisis?
Pese a que en diciembre 2024 el presidente Daniel Noboa informó que había recibido el país con deudas que superaban USD 4.000 millones, el 22 de diciembre, por orden de Daniel Falconí, viceministro de Finanzas, se procedió a pagar a los Bucaram Aivas, beneficiarios del caso Palo Santo, población ubicada en la provincia del Guayas, donde se encuentran los terrenos en litigio.
Se intentó realizar el pago en septiembre, durante el Gobierno de Guillermo Lasso, pero, ante la falta de fondos, se negó el pedido, lo cual se solucionó en diciembre, cuando tampoco había liquidez, por lo que se les pagó con bonos del Estado.
Al ser consultado sobre las razones por las que se realizó el pago, el Ministerio de Economía y Finanzas respondió que la sentencia de la Corte de los Ríos no podía ser incumplida, pues se encontraba ejecutoriada y el incumplimiento de fallos constitucionales podían acarrear multas y destitución de autoridades.
Sin embargo, el caso todavía se encontraba en análisis en la Corte Constitucional; el MAG, la Procuraduría y los dueños de las camaroneras que ahora ocupan el terreno reclamado los Bucaram presentaron acciones para evitar que la sentencia se ejecute, lo que finalmente ocurrió y ahora el Gobierno deberá recuperar la indemnización que pagó de forma apresurada.
Historia de la demanda
Los Bucaram Aivas presentaron la demanda en contra del MAG en mayo del 2021, y en julio del mismo año, solo dos meses después, el juez Carlos Bowen, de la Unidad Judicial Penal de Quevedo, ordenó la entrega de las 3.200 hectáreas reclamadas y el pago de una reparación económica.
El MAG y la Procuraduría apelaron el fallo del juez ante la Corte Provincial de Los Ríos, en donde se confirmó la sentencia inicial y se ratificaron los beneficios que se debían entregar a los demandantes.
A inicios del 2022 se presentó ante la CC un pedido de acciones extraordinarias de protección, sobre las cuales se decidió en abril del 2024, anulando el fallo de la Corte de Los Ríos.
Investigación a jueces y autoridades
El fallo con el que la CC anuló la sentencia que dispuso el pago de una indemnización millonaria a los hermanos Bucaram Aivas, también le ordenó al Consejo de la Judicatura que investigue y sancione a los jueces que accedieron a una acción constitucional, un pedido de habeas data, cuando lo correcto era que se realice un juicio ordinario.
En el Consejo de la Judicatura se inició la investigación en contra de los magistrados, por incurrir en una falta grave, que podría acabar con su destitución; además, la CC remitió el expediente a la Fiscalía, para que se los indague por el delito de prevaricato.
En cuanto a la responsabilidad de las autoridades del Gobierno, Jorge Peñafiel, legislador de Construye, anticipó que iniciará un proceso de fiscalización en contra de quienes autorizaron el pago en el Ministerio de Economía y Finanzas. “Aquí hay un caso evidente de corrupción”, señaló el asambleísta.
Esteban Torres, viceministro de Gobierno, confirmó la remoción del cargo de todos los funcionarios involucrados, incluida la subsecretaria de Presupuesto, Olga Núñez; sin embargo, desde el Ministerio de Economía y Finanzas se informó que el caso sigue en investigación, por lo que todavía no se ha desvinculado a nadie.
