Los legisladores del Azuay argumentaron que la ley sí le faculta al Gobierno a investigar lo sucedido en el Sindicato del IESS.
Pese a que son de conocimiento público las irregularidades en las que habría incurrido Rosa Argudo, secretaria del Sindicato Único de Obreros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Gobierno no puede investigar el tema, ni auditar los fondos supuestamente mal administrados, así lo dejó claro la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, quien este 30 de julio del 2024 compareció ante el pleno de la Asamblea Nacional.
La secretaria de Estado fue citada por pedido de los legisladores del Azuay, Leonardo Berrezueta, Adrián Castro, Diego Matovelle, Fernanda Méndez y Sofía Sánchez; quienes piden que el Gobierno audite los fondos de los afiliados que han sido manejados por Argudo y que destituya a la dirigente, pero Núñez les dejó claro no lo hará.
“Esta cartera de Estado, con base a lo que establece la Constitución y los tratados internacionales, al ser un rubro voluntario entre privados, no es competente para intervenir en relación con su petición”, recalcó Núñez en su intervención.
Es que, según la ministra, los únicos que tienen el poder para expulsar, sancionar, multar o amonestar a Argudo son los propios afiliados, a través de la Junta Ejecutiva Nacional.
El literal F, del artículo 63 del Reglamento del Sindicato del IESS establece que la expulsión de un dirigente o miembro se puede dar por malversación de fondos, disposición arbitraria de bienes, conducta disociadora que obstaculice el cumplimiento de los fines del sindicato o traición.
“A quien le compete, de acuerdo con el estatuto, realizar la expulsión de los afiliados, será a los mismos trabajadores. Al existir un problema de magnitud y de gravedad como el actual, además de conocimiento público, la expulsión de un dirigente se dará de acuerdo con el estatuto”, recalcó la ministra.
Cambios en la Asamblea
Núñez además recalcó que en este proceso también juega un papel importante la Asamblea Nacional que, a través de una reforma al Código del Trabajo debería poner límites a las reelecciones indefinidas en los sindicatos, para que se respete el derecho a la alternabilidad, lo cual fue vulnerado por Argudo.
La dirigente se ha mantenido en su papel de secretaria del Sindicato del IESS por 21 años, lo cual consiguió gracias a una serie de reformas al Reglamento del Sindicato, que le han permitido reelegirse indefinidamente, pese a las denuncias de irregularidades en el manejo de los fondos y por la contratación de una decena de sus familiares en el Instituto.
La asambleísta Sofía Sánchez (Independiente) señaló que tienen lista una propuesta de reforma al Código del Trabajo, con la que se podrá fin a las reelecciones indefinidas de los dirigentes sindicales.
«No más reelecciones indefinidas, no más dirigentes sindicales que quieran eternizarse en el poder, más de 21 años ha estado Argudo, eso no es sano, la ley terminará el abuso«, señaló Sánchez.
La ministra les puntualizó a los legisladores del Azuay que, si tienen pruebas en contra de Argudo las presenten ante las autoridades competentes, pues el Gobierno no puede hacer nada al respecto.
El 18 de julio pasado el pleno de la Asamblea aprobó el inicio de la fiscalización en este caso, además se solicitó a la Fiscalía General del Estado que investiguen de oficio las irregularidades detectadas y se pidió a la Contraloría que realice un examen especial a los fondos manejados por el Sindicato del IESS, de forma específica a Rosa Argudo, cuyo patrimonio superaría el millón de dólares, pese a que su salario es de 1.200 dólares.
El Gobierno puede hacer más
La intervención de la ministra del Trabajo no fue bien recibida por los legisladores del Azuay, quienes dejaron en claro que el Gobierno no solo puede, sino que tiene la obligación auditar los fondos manejados por los sindicatos, ya que son producto de descuentos que todos los meses se les hace a los trabajadores.
“Su contestación no nos satisface, se lo digo con todo respeto, necesitamos que el Ministerio cumpla con la Ley de Financiamiento de Centrales Sindicales, que data de 1984 y en su artículo 1 señala que los fondos serán fiscalizados anualmente por el Ministerio del Trabajo”, afirmó el asambleísta Leonardo Berrezueta (Revolución Ciudadana).
Para el legislador Adrián Castro (ADN), la colaboración del Ministerio del Trabajo también es importante para que se pueda determinar si Argudo incurrió en el delito de tráfico de influencias, pues existen concursos e ingresos, traslados, movimientos y traspasos de personal en los que incidieron Argudo y otros dirigentes, cuya información solo la puede proporcionar esta secretaría de Estado.
“Lo que se ha vivido en el Sindicato del IESS es una dictadura sindical de quienes han estado 21 años abusando de este poder, influyendo en decisiones que deberían ser estatales”, afirmó Sofía Sánchez, asambleísta del Azuay.
