El quinto informe del Paro Nacional efectuado por la Defensoría del Pueblo da cuenta que en el Azuay se registraron 55 detenciones, hubo 122 heridos y se suscitó una muerte. Por estos casos hay nueve expedientes enviados a la Fiscalía por los que se espera una resolución.
Así lo informó la Defensora del Pueblo en el Azuay, Verónica Aguirre. Para hoy se espera que la Fiscalía remita un informe detallado de cómo avanza cada uno de los casos que se encuentran en investigación, ocho de ellos por agresiones a civiles y uno por ataques a un policía.
En cuanto a la muerte de Raúl Chilpe, comunero de Molleturo que falleció atropellado durante el cierre de vías en la carretera que une a Cuenca con Guayaquil, la Fiscalía informó que el caso no es tomado como parte de los hechos vinculados a las protestas sino como una muerte por arrollamiento y esta se encuentra en etapa de indagación previa.
Los familiares de Chilpe piden que se haga justicia por la muerte del comunero, que según su versión no participaba de actos violentos y no estaba vinculado a movimientos sociales y partidos políticos como dirigente.
La defensora Aguirre indica que también se ha solicitado investigar si, la atención del caso por los servicios de rescate, fue la correcta.
La única sentencia registrada por los hechos violentos en las protestas de octubre en Cuenca es la que pesa sobre Pablo C. un estudiante al que se le acusa de atentar contra la seguridad de las personas al tender cables metálicos en cruces viales para evitar el paso de carros y motos de la Policía. Su pena, de cuatro meses de prisión, culmina en febrero. (JMM) (I)
