Ahora le tocó a Alembert Vera hacer el ridículo. Quiere una veeduría para que revise, según él, las “actuaciones atroces” del CPCCS transitorio el cual limpió, en gran parte, al andamiaje manejado por el correismo. Su escudo, una acción de protección puesta en Montecristi por la ciudadana Betty Moreira Marcillo, y aceptada por uno de estos juececitos parroquianos de apellido Quimis. La Corte Constitucional en su defensa recordó al CPCCS que «no ostenta las competencias extraordinarias que el Régimen de transición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social otorgó al Consejo transitorio. Por tal razón, no goza de auto tutela para revisar las decisiones tomadas por el Consejo transitorio en ejercicio de aquellas».
A Vera le podrían destituir por incumplimiento de dictamen constitucional tal como ocurrió con el cura Tuárez, ese enviado del pasado con la consigna de destruir todo lo actuado por Julio César Trujillo, y como ya tiene miedo, ahora ha dado media vuelta en ese solapado afán de cuestionar todo lo que puede, y rendido ante su omnipotencia pírrica, coquetea con todos.
El fondo es claro, el rollizo Alembert quiere encontrar el atajo para dar la venia a las órdenes el “jefe” desde Bélgica. Desconocer la consulta popular de 2018 que les dolió en el alma porque marcharon toditos los amigos entronizados en las entidades de control. El pretendido cambio de jueces constitucionales; el silencio atroz del CPCCS en torno a las decisiones del “bufón” de Terán y su “sacristán” Xavier Muñoz, para congraciarse con algunos jueces que le quitaron la confianza, prorrogándoles hasta 2030.
Pero el principal objetivo es sacar a la Fiscal Diana Salazar, y a través de mantener algunos jueces de la jorga, revisar los juicios de importancia nacional relacionados con miembros del “clan” de la década perdida, buscando que la impunidad, o delitos sin castigo, se inmortalicen.
La impunidad es un vacío en el sistema de justicia. Significa la inexistencia de responsabilidades; en el fondo es “la ausencia del Estado en su función punitiva, producto de una crisis de legalidad y de la pérdida del valor vinculante asociado a las reglas en manos de los titulares de los poderes públicos” Así, la sanción se escabulle o no existe, desembocando en la crisis de institucionalidad, y a cuestionamientos de la sociedad sobre la vigencia del Estado de derecho.
Van cientos de casos de pésima aplicación de leyes y normas. Sentencias como las de Patricio Quimis; la decisión del CNE de repetir las elecciones en el exterior; los matemáticos votos de Terán. Alembert Vera tentado a romper decisiones administrativas que no son susceptibles de revisión por mandato popular. Y el país no despierta. (O)
