Peligran 87 proyectos de riego por emisión del decreto ejecutivo 989

El Gobierno central debe 60 millones a las Prefecturas; del Azuay son 4 millones por 2028 y 2019.

La construcción de reservorios es uno de los componentes de los proyectos de riego.(AZD)
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 La viceprefecta Cecilia Méndez y el director de Riego de la Prefectura, Geovanny Genovez, hablan de la defensa de la competencia(AZD).

COMPETENCIA

En Azuay, existen 408 sistemas de riego y un total de 87 proyectos en esta rama quedarían en el limbo, si el Ejecutivo persiste en aplicar el decreto 989, que vuelve a centralizar la competencia en este ámbito, que les fueron entregadas de manera exclusiva a los Gobiernos Provinciales del país en el 2011, con apego lo que determina la Constitución de 2008.
Esta semana es decisiva en el accionar de las Prefecturas del país, en defensa de esta competencia exclusiva; la asamblea del Congope el viernes pasado resolvió pedir al presidente Lenin Moreno que derogue el decreto y que se declare la inconstitucionalidad del mismo, pero no se fijaron plazos, mientras que los 60 días fijados para la aplicación corren, urge entonces una nueva reunión para resolver las acciones a tomar, expresó este lunes la viceprefecta Cecilia Méndez.
Para ella, el resultado de la asamblea del Congope tiene sabor agriculce porque no hay mayor contundencia sobre hasta cuando se va a esperar, sin embargo todo dependerá de cómo responda el Gobierno en estos días, ya que sus delegados han hablado de errores de redacción del decreto.

No hay errores de redacción, son dos artículos bien puestos con una intencionalidad con tintes político-electorales y en función de plan económico gubernamental; “es que ahí tiene la posibilidad de doblegar a las juntas e agua, a las comunidades, a los barrios y cooperativas territoriales: aquí se juegan fuertes intereses incluido el tema minero”, agregó.

Son 51 proyectos considerados en el Plan Operativo Anual (POA 2019), y 36 obras emergentes, en riego. Este plan lo viene cumpliendo el Gobierno Provincial del Azuay.
Por ejemplo, en el cantón Cuenca, se trabaja en obras emergentes en el proyecto Bellavista, se construirá un tanque de almacenamiento para regular un caudal de 1.300 metros cúbicos, con tanques de carga para la irrigación presurizada con una distribución equitativa; teniendo la competencia las prefecturas, en la práctica la ejecución de los proyectos es factible con un importante componente, el trabajo comunitario, manifestó el director de Riego del GAD Provincial, Geovanny Genovez.
Los cantones con más proyectos de riego en ejecución según el POA 2019 que concluirá máximo en marzo de este año son: Gualaceo 10; Cuenca 8; y Sígsig 9. No obstante, la intervención está planificada para los 15 cantones, con un presupuesto total de 2 millones de dólares.
Este rubro, del cual ya se han invertido más de 800.000 dólares, son recursos propios, del GAD Provincial; si se quita la competencia hay un perjuicio grande a los campesinos, al momento hay estudios en marcha, adquisición de tuberías y más materiales.

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De aplicarse el decreto 989, la ejecución de los proyectos se truncaría, para muestra está el megaproyecto PUMA, que beneficiará entre otros al cantón Paute, los estudios se hicieron en el 2014 pero hasta ahora Senagua no ha podido colocar dentro de su plan maestro, osea el Gobierno central no lo ejecuta, dijo Genovez.

Azuay tiene 408 proyectos de riego registrados; más del 70% tiene medio siglo de existencia y están averiados; por ello para este año el GAD Provincial asignó 1.4 millones de dólares para intervenciones en el 2020.(AZD)-I)

Comisiones
legislativas

La asambleístas del Azuay Doris Soliz, tras mencionar su respaldo a las prefecturas del país, en su defensa por la competencia exclusiva de riego, respecto del decreto ejecutivo 989.
Para ella, plantear la inconstitucionalidad del decreto es lo correcto, pues el artículo 263 de la Constitución en su numeral 5 señala que entre las responsabilidades de los GAD Provinciales, referente a las competencias exclusivas está el planificar, construir, operar y mantener los sistemas de riego.
“Exigimos al Gobierno nacional que se revise esta inconstitucionalidad. Después de que se emitiera el decreto, dos comisiones legislativas, la de los GAD y la de biodiversidad, ya están tratando el tema, y en esta semana vamos a tratar varios planteamientos para avocar conocimiento de esta inconstitucionalidad, en cumplimiento de nuestro rol fiscalizador”, concluyó.