Por todo lado. Cada semana. Los que están llamados a cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley, se han convertido en expertos para no hacerlo. Tienen la habilidad de tejer vergonzosas razones y cobijarse en fraudulentos mantos para cubrir sus incumplimientos.
El Consejo de Participación desatiende lo determinado en la Constitución y en el Dictamen de la Corte Constitucional 2-19-IC/19 para ingresar en una carrera por evaluar y destituir a los jueces de la Corte, a propósito, antes, fue respecto de la Fiscal General del Estado. Este Dictamen, dice que no se puede revisar o dejar sin efecto las acciones realizadas por el Consejo de Participación Transitorio (2018) que designó a los jueces de la Corte Constitucional o a la propia Fiscal.
Expliquemos algo más. Este incumplimiento del Dictamen trae consigo la destitución del funcionario público incumplidor. Además, configura un delito por incumplimiento de decisiones de autoridad legítima en donde la justicia penal debería ya actuar.
Sigamos. El Consejo Nacional Electoral repite unas elecciones de asambleístas en el exterior (y solo de ellos no de otros) sin causal legal para hacerlo, violentando el plazo de 10 días para repetirlas y alterando el diseño institucional del país respecto a que se elige a asambleístas en la primera vuelta. No habrá proclamación de resultados oficiales y el nuevo parlamento demorará su posesión.
El Consejo de la Judicatura usa dos votos de cinco para hacer mayoría. Desatiende la Constitución y la Ley. Destituye a los que no le simpatizan y viola al debido proceso. Ahora, sin que la Constitución o la Ley le entregue esa atribución, extiende el periodo de ciertos jueces de la Corte Nacional cuando éstos estuvieron en remplazo de otros destituidos, es decir, cuando el periodo (de los hoy beneficiados) era únicamente para completar el periodo del remplazado. Fácil.
Entonces, todos los señalados, son los mejores candidatos a juicio político por parte de la nueva Asamblea Nacional. Pues, desde ya, son los responsables de las sanciones económicas que en lo posterior vengan contra el Estado por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al haber violado disposiciones expresas y estándares de respeto a los derechos humanos, justicia y ordenamiento jurídico. ¡Incumplidores! (O)
