Alegando un agravamiento de la crisis económica por efecto del coronavirus, cuyo último síntoma sería la considerable baja en los precios del petróleo, el Presidente Moreno anunció algunas medidas para hacer frente a la reducción de los ingresos fiscales.
Dentro de esas medidas, y a pesar de lo esperaban o proponían algunos, no se contempló la eliminación (o la focalización) de los subsidios a los combustibles, pues el Gobierno con una legitimidad social reducida difícilmente podía arriesgarse a la reaparición del “virus” de la protesta social; por lo menos por ahora, pues según sus anuncios se hallaría en proceso un estudio para una focalización “técnica” de esos subsidios.
Aún más el Gobierno aspiraría a que la población digiera este primer paquete de medidas, antes de cumplir otros compromisos acordados con el FMI, como la focalización de los subsidios a los combustibles; focalización que, en todo caso, por la debilidad política del Gobierno y por la cercanía del proceso electoral podría ser moderada.
Entre las medidas anunciadas está la supresión o fusión de algunas instituciones gubernamentales, lo cual sería insuficiente para reducir el crecimiento excesivo de instituciones estatales, y el exceso de personal de alto rango, que se ha dado desde hace varios años; amén de que una serie de gastos dispendiosos e injustificados continúan, uno de ellos (por ejemplo) los cuantiosos gastos en publicidad que realiza el Gobierno para levantar su imagen.
Otra medida es la denominada “contribución” que están obligados a dar los empleados del Estado, un 4% de su sueldo los que ganan más de 800 dólares y un 8 % los que ganan más de 1500; una medida que sería ilegal y que, como tal, implicaría confiscar o quitar arbitrariamente una parte de su sueldo a dichos empleados; lo que golpea a sectores de la clase media y media baja; y que, además al reducir su capacidad adquisitiva, agudizaría la recesión económica
Un golpe, también a la clase media, significaría la creación de un impuesto del 5 % que deberán pagar las personas que tengan vehículos avaluados en más de 20.000 dólares. Todo esto se da mientras a la alta burocracia del Estado y a los grandes grupos de poder económico no se les obliga a “sacrificios” o a “contribuciones”. (O)
