En días pasados, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, que conoció el denominado Caso Sobornos 2012-2016, y que en principio se denominó “Caso Arroz Verde”, en el cual estuvieron involucrados el ex Presidente Rafael Correa, el ex Vicepresidente Jorge Glass y además dieciocho ciudadanos, entre ex funcionarios y empresarios participantes en estos delitos, sentenció a los procesados a diferentes penas, a ocho años de prisión a Rafael Correa y Jorge Glass, y además la prohibición de participar en actos electorales y de otra índole, de carácter cívico, por 25 años.
Algunos han cuestionado la oportunidad de esta sentencia, ya que, hallándose el país en emergencia por el COVID19, consideran que este proceso debió tener un desenlace en un momento más propicio. Sin embargo, los términos y plazos del proceso, que ya fue dilatado demasiado tiempo, debido a una serie de argucias y mecanismos legales de la defensa de los procesados, no admitía más demoras en su sentencia, la cual, según los magistrados del Tribunal en mención, se atiene estrictamente al debido proceso y las pruebas proporcionadas por la Fiscalía, que serían irrefutables, según aseveran.
A pesar de que el Ecuador, y el mundo entero, se hallan viviendo los efectos de la pandemia anotada, no por ello la vida política deja de existir, y al contrario hoy más que nunca se requiere de una dirección correcta, firme y transparente de parte de quienes nos gobiernan, y en este sentido ciertos hechos del pasado, no pueden ni deben quedar en la penumbra, peor en la impunidad.
Quienes defienden al ex Mandatario y ex colaboradores más cercanos, no deben olvidar que, por encima de cualquier afinidad de tipo político o ideológico, se encuentran las leyes, a las cuales precisamente debemos someternos la totalidad de los ciudadanos, y más aún, cuando ostentaron las máximas dignidades del Estado o cargos de relieve. De esta manera, la sentencia dictada dentro del caso Sobornos 2012-2016, debe ser mirada simplemente como el deber de quienes administran la justicia, respecto a hechos delictivos plenamente comprobados.
