La Corte Constitucional solicita al Gobierno informes sobre la reestructuración de los presupuestos universitarios

Pleno analizará si reestructuración de asignaciones de universidades es constitucional.

AME7808. QUITO (ECUADOR), 05/05/2020.- Unos 200 estudiantes se concentran este martes en el campus de la Universidad Central de Ecuador, en Quito (Ecuador), para protestar contra la reducción presupuestaria a más de una treintena de centros académicos públicos y escuelas politécnicas, decidida por el Gobierno de Lenín Moreno. EFE/ Jose Jacome
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El Pleno de la Corte Constitucional (CC) concedió una medida cautelar para que el Ministerio de Economía y Finanzas suspenda y se abstenga de realizar modificaciones presupuestarias en las instituciones de educación superior.

La resolución de los jueces constitucionales se dio luego de que varios ciudadanos presentaran una demanda en contra de la reestructuración de los presupuestos de 32 universidades y escuelas politécnicas del país.



En un comunicado, la Corte explicó que verificó los argumentos y los hechos de conocimiento público, y que los mismos se adecuan en los requisitos para conceder una medida cautelar, por lo que dispuso que se detengan los efectos del oficio elaborado por el Ministerio de Finanzas, el mismo que contiene las directrices presupuestarias para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020.

La detención de las decisiones será exclusivamente en lo que respecta a los presupuestos de las instituciones de educación superior.

REACCIÓN

La decisión de la Corte fue tomada con alegría por parte de los estudiantes y docentes de las universidades públicas de Ecuador, quienes desde inicios de mayo empezaron a protestar en las calles por la reducción de los presupuestos de las instituciones de educación superior.

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Si bien por el momento las decisiones del Gobierno de Lenín Moreno se suspenden, la Corte Constitucional ahora analizará si aquellas son constitucionales o no, es decir la decisión de fondo.



Para ello, ayer los jueces solicitaron al presidente Moreno que se presente un informe sobre las decisiones y actos adoptados por la Función Ejecutiva desde que se declaró el estado de excepción por la pandemia provocada por el covid-19.

De la misma manera, los jueces dispusieron que la Senescyt, a través de su secretario, y los representantes legales del Consejo de Educación Superior y del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, informe sobre las medidas adoptadas para garantizar el derecho a la educación en el contexto del estado de excepción.

Por último, la Corte Constitucional solicitó información sobre el cumplimiento de las asignaciones presupuestarias durante el estado de excepción a la universidades y escuelas politécnicas cofinanciadas. Además, deberá presentarse un informe de los valores adeudados por el Estado a los estudiantes que estudian en el exterior.

Todos los informes solicitados por los jueces constitucionales deberán ser presentados en un plazo de ochos días, los mismos que empezarán a correr a partir de la notificación al Gobierno de Moreno.



ANÁLISIS

Para Andrés Martínez, experto en derecho constitucional, se prevé que entre dos y tres semanas se cuente con el dictamen sobre el fondo de las decisiones tomadas por el Gobierno.

“Si bien es cierto hay una medida suspensiva en relación la aplicación específica de la reducción de fondos, todavía no se resuelve en el fondo de la acción”, explicó Martínez.

Por esa misma razón, la Corte Constitucional dictó auto de verificación en fase de seguimiento, es decir, iniciará el proceso de análisis de las medidas adoptadas en el ámbito educativo para luego emitir un dictamen, con el cual las universidades conocerán si lo que hizo el Gobierno es constitucional o inconstitucional. (AWM)-(I)