OPINIÓN|
Ya hace algún tiempo, en un curso interdisciplinario de derechos humanos realizado por el Instituto Interamericano de la materia, se preguntó por parte de un ilustre magistrado: ¿Y, ustedes, a cuál derecho humano consideran prioritario? Quizás fue una pregunta difícil ya que todos los derechos humanos son iguales en su importancia, pero desde un punto de vista más bien existencial se puso en claro, que la vida, es el derecho prioritario, porque es definitivo. Sin embargo, para algunos sectores, los ancianos o las personas que sufren enfermedades catastróficas, están por demás, o son un estorbo para los cálculos de inversión y beneficio. Por eso, resulta indispensable, valorar a la vida en su dimensión total.
Retomo un caso para definir el tema: Las situaciones de crisis social, causadas por la pandemia, han puesto de manifiesto, que la corrupción ha llegado a su nivel más abyecto y vil, como es el tratar de obtener beneficios, a costa del sufrimiento y del dolor humano. En efecto, si analizamos los hechos y los contrastamos, vemos que esta infamia que nos afecta a todos se arrastra y agudiza arteramente desde hace muchos años. En el fondo del asunto, el daño causado a la gente es lo que más hiere la conciencia social. Solamente pensemos en la eliminación del 40 % del aporte estatal para la prestación de la jubilación o en los 8 mil millones de dólares, cifra que es mayor para otros analistas y que ha sido dispuesta arbitrariamente. Estas son acciones lesivas para los jubilados, los afiliados al IESS y para la misma comunidad nacional. Son hechos nefastos y de evidente relación penal, que por justicia, exigen la necesaria acción correctiva.
Es la hora de comenzar el cambio para garantizar realmente el derecho a vivir y a vivir con dignidad. (O)
