Que durante los 20 días que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional tuvo para sustanciar el juicio político en contra de María Paula Romo, ministra de Gobierno, se probó que la funcionaria es responsable de las tres causales que se le imputaron, así lo ratificó Elio Peña, presidente de dicha Comisión, por lo que hoy se recomendará su enjuiciamiento en el pleno del Legislativo.
A Romo se le responsabiliza de tres hechos ocurridos durante las protestas del 2019: el uso de bombas lacrimógenas caducadas, el lanzamiento de este tipo de artículos en centros de acogida de los manifestantes y la no conformación del comité para la protección del trabajo de los periodistas.
Peña señaló que, tras presentarse las pruebas de cargo, descargo y las solicitadas de oficio por la Comisión, “hay razones suficientes para que Romo sea llamada a juicio” por lo que está dispuesto a ser el proponente de la moción que recomiende que el proceso pase al pleno, en donde se necesitarán más de 91 votos, de 137 asambleístas, para su destitución.
Con la visión de Peña concuerdan en el bloque del Partido Social Cristiano, la asambleísta Patricia Henríquez informó que, aunque su bancada no está de acuerdo en la forma en que se trató el caso en la Comisión de Fiscalización, apoyan que se recomiende que el juicio político avance al pleno, en donde los 137 legisladores podrán tomar una decisión, la cual “no puede quedar en manos de 11 asambleístas que integran dicha Comisión”.
Según Henríquez, la bancada del PSC no está de acuerdo en que se haya se permitido victimizar a quienes también fueron responsables de la violencia desatada en las manifestaciones, es decir los líderes del movimiento indígena, que comparecieron ente la Comisión como parte de las pruebas en contra de Romo.
Por su parte Juan Cristóbal Lloret, coordinador de la Revolución Ciudadana, señaló que su bancada también apoya que el juicio a Romo llegue al pleno, en donde emplearán sus más de 30 votos para destituirla, pues señala que ella mismo aceptó, en la presentación de sus pruebas de descargo, que las tres causales que se le imputan existieron y que ella los conoció.
Este último punto es el que más le preocupa a Roberto Gómez, uno de los interpelantes del juicio, pues considera que si la ministra aceptó que las irregularidades se dieron y logra quedar impune, sentará un mal precedente en el país.
“La ministra falló en sus descargos, reconoció que se lanzó bombas en los sitios de ayuda humanitaria; reconoció que pese a las agresiones a los periodistas no convocó al comité de protección; pero sobre todo confirmó que se usó bombas lacrimógenas caducadas, que estas pudieron provocar daño a los policías y dijo que lo volvería a hacer, no solo acepta que se violó la ley, sino que incentiva a que se lo siga haciendo, ese es el mensaje que les manda a los policías, que se puede violar la ley sin ningún problema”, afirmó Gómez.
Reparto de hospitales
Aun cuando el actual juicio político en contra de María Paula Romo termine en destitución, en la Asamblea Nacional existe un consenso para que las acusaciones en contra de la funcionaria, por el supuesto reparto de obra y puestos públicos a cambio de votos no quede en la impunidad también llegue al enjuiciamiento. El pedido de juicio por este tema actualmente reposa en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que debe calificarlo para que pase a la Comisión de Fiscalización.
Para Juan Cristóbal Lloret el tratamiento de este proceso seguirá siendo importante, aunque Romo sea destituida antes, pues no solo involucra a exasambleístas como Daniel Mendoza que está detenido y Eliseo Azuero que está prófugo, sino también a legisladores que siguen en funciones y que deben ser investigados.
