Los cambios de nombre a todas las instituciones, asesorados desde el exterior, para dar la falsa idea de “cambio”, a más de que resultaron absolutamente inútiles, en no pocos casos “alrevesaron” los procesos administrativos convirtiendo al remedio en peor que la enfermedad. Ejemplo claro de ello es el tristemente célebre Consejo de Participación Ciudadana y, como para actualizarnos, ahora el caso de los organismos electorales.
Se creó entonces el Consejo Nacional Electoral (CNE), encargado del manejo técnico-administrativo de la función electoral y, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), encargado de pronunciarse sobre la materia jurídica electoral, cuando fuese requerido. Hasta aquí parece que todo tiene su lógica, pero el problema surge cuando entre el CNE y el TCE aparecen discrepancias sobre a cuál de los dos corresponde tal o cual decisión. Una persona, cuyo criterio ciudadano respeto mucho, me decía hace pocos días, ¿por qué se crearon dos organismos dentro de la función electoral, si a lo mejor con uno solo, como era anteriormente, podría bastar, y no se darían las pugnas que hoy se visibilizan, inexplicablemente?
En su afán del “control absoluto”, el correísmo se “esmeró” en no dejar resquicios que pongan en riesgo tal control, así, si en algún tema de interés el CNE fallaba en contra de los intereses oficiales, quedaba el TCE para “echar la bola al córner” y salvar la jugada. Realmente debería haber una sola cabeza en el CNE, que con sus miembros resuelvan tanto sobre los temas administrativos como legales. Desaparecería el TCE y la conducción administrativa estaría a cargo de una especie de gerencia o dirección ejecutiva, llenada a través de un concurso nacional y que cumpliría con las directrices emanadas del pleno del CNE. Ahorro de dinero, menos burocracia, mayor efectividad y, sobre todo, menos sobresaltos para la población del país.
Una función electoral que actúe en beneficio de los intereses nacionales, con honradez y apego irrestricto a las leyes, es garantía invaluable para el ejercicio de la democracia. La presidenta Atamaint tiene deuda pendiente con el país. (O)
