Hoy en la Asamblea Nacional se tratará la solicitud de juicio político número 30 que se ha registrado durante el Gobierno del presidente Lenín Moreno, el proceso en contra de María Paula Romo, ministra de Gobierno, llegará al pleno, donde requerirá 91 votos, del total de 137 asambleístas, para lograr su destitución.
Sin embargo, la tónica común no ha sido que los pedidos de juicio político lleguen al plenario, según datos proporcionados por el Observatorio Legislativo, apenas 11 de las 30 solicitudes han sido tratadas en esta instancia, solo 5 de estas llegaron a la destitución del funcionario y 3 más implicaron solo la censura, pues la autoridad ya había renunciado.
22 procesos, es decir el 75% del total de las solicitudes de juicio político, fueron archivadas en instancias anteriores al pleno, 4 de estas ni siquiera llegaron a la Comisión de Fiscalización, donde se sustentan las pruebas a favor o en contra, el archivo se produjo en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), este fue el caso del juicio en contra del exvicepresidente Jorge Glas, quien aunque cumple dos condenas por corrupción que suman 14 años de prisión, nunca llegó a ser censurado por el Legislativo.
En el CAL también fueron retenidos los procesos en contra de Gustavo Jalkh, expresidente del Consejo de la Judicatura y Augusto Espinosa, exministro de Educación y actual asambleísta.
La Comisión de Fiscalización también se ha caracterizado por ser una tabla de salvación de los funcionarios, en esta instancia se quedaron otros procesos contra Jorge Glas y Gustavo Jalkh, este último que fue investigado junto a cuatro vocales de la Judicatura, todos se salvaron; además de pedidos contra Rubén Flores, exministro de Agricultura; Christian Cruz, exsuperintendente de Bancos; Marcelo Merlo, expresidente del Consejo de la Judicatura Transitorio, quien también fue salvado junto con sus vocales.
Del filtro de la Comisión de Fiscalización tampoco pasó Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), y María Paula Romo en un primer proceso que se le inicio por el supuesto uso del helicóptero policial para asuntos personales. Según el exasambleísta Daniel Mendoza, procesado por el caso Hospital de Pedernales, en los dos casos existieron negociaciones irregulares para salvar a las funcionarias.
Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, resaltó que gracias a las últimas reformas a la Ley de la Función Legislativa muchas de las falencias que se han producido en los procesos de juicio político se podrán corregir, por ejemplo, se exige que todo caso pase al pleno, la Comisión de Fiscalización no podrá archivarlo.
Además, se establecen plazos para el pronunciamiento del presidente de la Asamblea y del CAL, con esto se evitará que se repitan casos como el actual juicio en contra de Romo, que estuvo detenido nueve meses porque César Litardo, presidente del Legislativo, se negaba a ponerlo en análisis del CAL. De esta misma forma retuvo los cinco procesos contra Richard Martínez, exministro de Finanzas, que ya no podrá ser destituido, pues renunció.
Anulación de la fiscalización
Para Napoleón Saltos, analista Político, pese a que el Gobierno ha querido demostrar que respeta la independencia de poderes y que ha permitido la fiscalización de sus funcionarios, “en realidad existe continuismo con la forma de actuar del expresidente Rafael Correa, que convirtió a la Comisión de Fiscalización en la Comisión de Archivo, pues ninguno de los pedidos de juicio político pasó de esta instancia”.
“La trama que evita que los ministros sean sometidos al escrutinio del pleno de la Asamblea y censurados, sigue en firme, antes como copaban todas las instancias; el CAL, la Comisión de Fiscalización y el pleno; no permitían que sean juzgados, pero ahora como el Gobierno no cuentan con una mayoría, se ve algo todavía más perverso, que es la negociación para entrega de obras y hospitales a cambio de votos”, afirmó Saltos. (I)
