El Concejo Cantonal debe regular minería en Cuenca

Tras los resultados del proceso electoral, la voluntad de la población debe plasmarse en una ordenanza.

Los proyectos mineros que ya iniciaron su fase de explotación no se verán afectados por la Consulta Minera. Archivo

Con más del 78 % de aprobación en las cinco pregun tas sobre la prohibición de la minería metálica en Cuenca, la Consulta Popular se convierte en un mandato que, para ser puesto en práctica de forma reglamentada, debe pasar por el Concejo Cantonal.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que no se presentaron apelaciones a los resultados de la Consulta Popular en Cuenca que incluía cinco preguntas, referentes a las actividades mineras en los cinco ríos de Cuenca.

Esto hace referencia a la minería en las cuencas y recorrido de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba y Machángara que atraviesan la zona urbana, y el río Norcay que corre desde el Parque Nacional Cajas hacia la provincia del Guayas.

El constitucionalista y docente de Derecho en la Universidad del Azuay (UDA), Sebastián López, indica que la voluntad popular es de inmediato cumplimiento, por lo que si bien todavía no hay un reglamento municipal, las empresas no pueden seguir con sus operaciones.

Explica que aquellas empresas que ya iniciaron su fase de explotación minera no se verán afectadas por la Consulta, esto incluye al proyecto Río Blanco que si bien está detenido por una resolución judicial, no sufre alteraciones con los resultados del plebiscito.

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“Todas las empresas que tienen concesiones, o que no han alcanzado la fase de explotación, simplemente no podrán emprender ninguna acción pues se supone que su fin último será precisamente la explotación de minerales, lo que queda expresamente prohibido por la Consulta”, detalla.

Son un total de 43 las concesiones mineras que quedarían sin la posibilidad de desarrollar proyectos mineros según el catastro de la Agencia de
Regulación y Control Minero (ARCOM).

Dos proyectos más, aparte de Río Blanco, están en desarrollo: Loma Larga y Ruta del Cobre, ambos en fase de exploración avanzada por lo que en teoría no podrían avanzar hacia la explotación de minerales.

En teoría, explica el abogado Santiago Maldonado, porque la Consulta prohíbe la minería en mediana y gran escala, por lo que las empresas pueden pedir que su proyecto se degrade a pequeña minería y extender sus operaciones.

El constitucionalista López advierte que el Concejo Cantonal debe tratar los resultados de la Consulta Popular lo antes posible para evitar caer en una omisión del mandato de la ciudadanía.

El concejal Cristian Zamora, quien es parte de la Comisión de Ambiente del Cabildo, desde donde se solicitó la Consulta Popular, señala que existe la voluntad desde el cuerpo edilicio para poner el tema en la agenda y aprobar la nueva normativa.
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