Nueva Ley de Comunicación

La libertad de expresión, sin cortapisas legales ni condicionamientos de ninguna índole, permite el ejercicio pleno de uno de los derechos humanos más fundamentales en democracia.

Ecuador vivió varios años bajo el dogal de una ley mordaza: la Ley Orgánica de Comunicación, concebida para apuntalar a un régimen totalitario, abusivo y, como tal, antidemocrático.

El gobierno del entonces presidente Lenín Moreno derogó la Superintedencia de Comunicación, con cuya capacidad sancionatoria varios medios de comunicación, periodistas, articulistas, editorialistas, fueron penalizados, multados, no sin antes ser vilipendiados públicamente, y hasta obligados a difundir la verdad oficial a pretexto de réplica, aclaración, o información de “relevancia pública”.

También eliminó la definición de la comunicación como servicio público, otra desnaturlización de un derecho humano; al igual que la figura de linchamiento mediático.

Ahora el presidente Guillermo Lasso ha enviado a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Libre Expresión y Comunicación.

“Que nunca más se use el derecho penal para perseguir controversias que surgen por la libre expresión”, ha dicho el presidente.

Y por ello, parte de las disposiciones contempladas en el citado proyecto es la derogatoria del artículo 182 de aquella malhadada ley, y el numeral 1 del artículo 396 del Código Integral Penal, que tipifican, en su orden, el delito de calumnia y las contravenciones por expresiones de descrédito o deshonra.

Se establece sí, la responsabilidad ulterior “exclusivamente de naturaleza civil”.

La propuesta incorpora, además, la autoregulación de los medios de comunicación, a través de códigos de ética y políticas editoriales.

Hay garantías plenas para el ejercicio comunicacional; pero también hay vacíos de fondo y de forma, que deberán pulirse con el concurso de todos los sectores ciudadanos, gremios, el gobierno y los asambleístas.

Acaso como ninguna otra ley, la que garantiza la libre expresión, el derecho constitucional a informar e informarse, a opinar, es responsabilidad de todos los ecuatorianos.