Pese a la “negligencia” del presidente de la Comisión de Fiscalización, la Asamblea no dejará en la impunidad el juicio político en contra de Pablo Celi, excontralor general, aseguró su presidenta, Guadalupe Llori.
“Esta Asamblea asume la responsabilidad política con el país de no dejar en la impunidad el juicio al excontralor Celi pese a la negligencia cometida por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio”.
Con esta declaración, Llori justificó su decisión de no ampliar el plazo de cinco días solicitado por la Mesa Legislativa para entregar el informe de la interpelación del exfuncionario, y aseguró que el pedido se realizó de manera “extemporánea”.
Dijo que, en tal sentido, lo que corresponde dentro del marco jurídico dispuesto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFJ) para continuar con la “correcta” tramitación del juicio político es que la Comisión de Fiscalización remita en el plazo de dos días a la presidencia de la Asamblea un informe que detalle las posiciones de los asambleístas de la Comisión para que sea el pleno del Legislativo el que resuelva acerca del juicio.
Recordó que según el artículo 82 de la LOFJ, el plazo para la entrega del informe venció el 31 de julio, y al amparo de mismo artículo, Villavicencio solicitó -fuera de los plazos establecidos- el 2 de agosto a las 00h44 a.m una prórroga de cinco días para la entrega del informe.
Villavicencio (Independiente) y Ana Belén Cordero (CREO) aseguraron que se trató de un error administrativo de la secretaría de la Comisión, y adelantaron que se adoptarán los correctivos.
No obstante, Villavicencio opinó que esto tendría que ver con personas que buscarían defender a Celi, y anunció que en los próximos días revelará las glosas de algunos asambleístas que son accionistas de “empresas corruptas que tienen informes con responsabilidad penal”, afirmó, y mencionó al legislador Ricardo Vanegas.
Alejandro Jaramillo (ID) dijo que pese al error cometido por la Comisión de Fiscalización existe una salida legal para evitar que se incurra en causales de nulidad del juicio contra Celi y que, sobre la base del informe de posiciones de los miembros de la Comisión, el Pleno de la Asamblea determine si da paso al juicio o a la censura o no.
“Que no se confunda con una posición contraria al juicio, es más desde nuestra bancada propondremos que continúe el juicio. No le tenemos miedo a la fiscalización”, añadió Fernando Flores (BAN).
Testimonios anticipados
A cinco días de que concluya la instrucción fiscal en el caso Las Torres, este viernes la Fiscalía General tomará los testimonios anticipados de Luis Miño, exsubcontralor y actual funcionario de la Contraloría; Pedro Crespo, Patricio Saa, Sebastián Robles, José Luis de la Paz, directivos de la empresa NoLimit, y Raúl de la Torre, exfuncionario de Petroecuador. Según fiscalía, ellos podrían aportar nueva información que indaga el presunto delito de delincuencia organizada.
Para el 26 de agosto se prevé que Esteban Celi, hermano de Pablo Celi, enfrente a la justicia en una audiencia de procedimiento abreviado, quien asumió su responsabilidad en el presunto delito.
Las Torres investiga una estructura delictiva que habría exigido sobornos a la empresa NoLimit por cerca de USD 13 millones a cambio de desvanecer cinco glosas en la Contraloría y liberar planillas de contratos suscritos con Petroecuador entre 2017 y 2020.
