Se propone un 25 % para Gobiernos Autónomos Parroquiales.
Un incremento en las asignaciones de los municipios y que por primera vez las juntas parroquiales reciban recursos económicos, trata el Proyecto de Ley de Redistribución Económica del Sector Hidroeléctrico, Reformatoria de la Ley 047.
La intención es modificar una ley creada hace más de tres décadas (1989), donde se estableció que los gobiernos seccionales de las provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua perciban un 5 % de la facturación de energía eléctrica realizada por el entonces Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL).
En esa facturación se consideraba a tres centrales hidroeléctricas del país, entre estas, la central Paute.
En la distribución de recursos para Azuay, Cañar y Morona Santiago se dividió ese 5 % de la facturación en un 60 % para los municipios y un 40 % administrado por el Centro de Reconversión Económica (CREA) para la ejecución de obras, además de programas de forestación y reforestación en los cantones.
El CREA, sin embargo, fue suprimido en el 2009 durante la presidencia de Rafael Correa pasando todas sus competencias, atribuciones, funciones y otros servicios a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades).
Las autoridades seccionales que han pasado en los últimos 12 años han sido constantes en los reclamos sobre el destino del 40 % de los recursos que administraba el CREA, que se entiende, deben estar en las arcas del Gobierno Nacional.
Proyecto
El proyecto reformatorio de la Ley 047 considera este 40 % para la redistribución del 100 % de los recursos, es así como los municipios incrementarán del 60 al 75 % (de 120 mil a 150 mil dólares cada uno) sus asignaciones anuales; mientras que las juntas parroquiales recibirán un 25 % (20 mil dólares cada uno).
Así lo explicó Virgilio Saquicela, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien propone este proyecto que ya se presentó para que lo puedan analizar las comisiones del Legislativo con el propósito de que pronto se lo ponga en conocimiento del pleno.
Saquicela se reunió ayer con los representantes, principalmente de las juntas parroquiales de las tres provincias de la región para informar pormenores del proyecto reformatorio de la Ley 047, donde también se establece una especie de liquidación del 40 % de los recursos que se dejaron de percibir desde el 2009 hasta la fecha debido a la eliminación del CREA.
También aspira una ampliación de la Ley 047 para considerar los réditos que al momento se generan con las nuevas centrales hidroeléctricas construidas en la región. Con esto se incrementarán aún más las asignaciones para los municipios y juntas parroquiales.
De aprobarse el proyecto en la Asamblea los beneficiarios directos serán 167 gobiernos seccionales de la región, de los cuales, 34 municipios y 133 juntas parroquiales que al momento afrontan problemas económicos derivados de la pandemia de la COVID-19. (BPR)-(I)
Necesidad de recursos
Las autoridades parroquiales que participaron ayer de la socialización del proyecto reformatorio de la Ley 047 coinciden en la necesidad de recursos provenientes de las hidroeléctricas para cumplir con los requerimientos de la población; no obstante, esperan administrarlos de forma directa.
Para Janeth Garzón, presidenta del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare), filial Azuay, existe expectativa por contar con recursos de la Ley 047 para que los administren las parroquias, considerando que los únicos beneficiados en estos años han sido las municipalidades.
De su lado, Danny Marín, presidente del Conagopare Morona Santiago, espera la aprobación del proyecto, ya que los únicos recursos adicionales a las transferencias (alícuotas) del Gobierno Nacional que reciben son por la Ley Amazónica concerniente a la explotación petrolera. (I)
DETALLE
Las socializaciones del proyecto reformatorio de la Ley 047 continuarán con los diferentes niveles de gobierno incluso se prevé un encuentro entre municipios y juntas parroquiales de las tres provincias de la región.
