Lo sucedido en la Penitenciaría del Litoral llega al extremo de la barbarie: 116 reclusos asesinados y más de 50 heridos.
Las estadísticas en las cárceles del Ecuador suman 240 asesinatos en apenas seis meses.
Hay, a todas luces, una crisis estructural en el sistema carcelario del país.
Haber construido enormes estructuras, convertidas en “bodegas humanas”, en algunos casos hasta sin los permisos de las autoridades municipales y hasta con serias limitaciones de servicios básicos, también abona a esa crisis.
Y la propia Ministra de Gobierno, Alexandra Vela, acaba de decirlo: “El programa de rehabilitación carcelaria no existe”.
Tras cada motín cruento el gobierno ha respondido declarando la emergencia en las cárceles, y ahora el estado de excepción. ¿Y?, se pregunta la ciudadanía. ¿Cuáles son los resultados?
Si hasta lo insólito es parte de tan angustiante panorama social. Hace apenas ocho días, las fuerzas del orden requisaron armamento de alto calibre, granadas incluso, teléfonos celulares, drogas, en la Penitenciaria del Litoral.
Y, a renglón seguido ocurre la masacre, usando similar tipo de armas. ¿Cómo ingresa a las cárceles esa especie de “logística” prohibida? ¿Quiénes, y con la complicidad de quiénes, hacen ese “trabajo sucio”?
La inseguridad y por consiguiente la muerte ronda en esas celdas. Los reclusos son apilados en los llamados “pabellones de máxima seguridad”.
También es una gran verdad, dolorosa por cierto, la presencia de los carteles del narcotráfico mexicano en el Ecuador. Aquí sus sucursales se disputan palmo a palmo las rutas para llevar la droga y su comercialización al menudeo.
Nadie negará la existencia de bandas de sicarios al servicio de esos carteles; igual de las organizaciones delictivas y criminales cuyos miembros de acribillan entre sí.
Y todos ellos están mesclados en las cárceles. Se han declarado la guerra. La venganza es su credo, y hasta tienen sus propios legionarios en los exteriores.
El gobierno tiene en sus manos una bomba de tiempo. Desactivarla es el gran desafío.
