Ecuador pierde USD 448 millones al no invertir en salud sexual y reproductiva, asegura estudio

María Isabel Cordero, directora de Sendas. Cortesía
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La ONG Sendas presentó el estudio sobre los costos de omisión en salud sexual y reproductiva en Ecuador, elaborado por el Instituto Nacional de Salud Pública de México, con el apoyo del Ministerio de Salud, Senplades, Fondo de Población de las Nacionales Unidad (UNFPA) y Planned Parenthood Global.

Esta investigación se empezó a realizar en 2015 y terminó dos años después, pero se hizo un relanzamiento en 2021.

María Isabel Cordero, directora de Sendas, destacó que este estudio demuestra las consecuencias económicas que tiene el país por no invertir en salud sexual y reproductiva.  “Ecuador pierde anualmente 448 millones de dólares al no invertir en salud sexual y reproductiva”, dijo.

A través de análisis cualitativos y cuantitativos se concluyó que por cada dólar que el Estado invierte en prevención, destina 17 dólares en atención. “Prácticamente se gasta 17 veces más atendiendo un embarazo, un parto, un aborto…”.

Asimismo indicó que 2 de cada 3 embarazos en el país no son planificados, y que más de 25.000 casos ocurren en adolescentes, provocando que muchas veces abandonen sus estudios, sin tener mayores opciones de acceder a un trabajo digno y pasando a formar parte de un círculo de pobreza y violencia sistemática.

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Otro factor que incide en los costos son las muertes maternas. “En el 2020 hubo 163 fallecimientos por esta causa en Ecuador, los cuales pudieron ser prevenibles. Aquí nacen las preguntas: ¿cuánto le cuesta al Estado el cuidado de los hijos que se quedan huérfanos o perder a una mujer que es productiva? … ”.

En este estudio se recomienda invertir en prevención de salud y educación sexual y reproductiva, es decir tener acceso a información, pero también a métodos anticonceptivos.

Además de planificación sexual para prevenir embarazos no deseados, atender las complicaciones del embarazo, parto y post parto; así como atender el aborto legal y seguro en las causales que la Ley lo permite.

 “Aun así el Estado tendría un saldo favorable y podría invertir en otros temas que están siendo desatendidos como la violencia basada en género”, expresó. (I)