La negociación de votos para alcanzar una mayoría en los parlamentos de los Estados, es común. Normal y correcto. Si se quiere, es democrático. La mayor dinámica para su estudio, se encuentra en los sistemas parlamentarios en los cuales los legislativos mantienen la centralidad política y administrativa.
Buscar una mayoría que respalde al jefe de gobierno en sus obras a cumplir, es adecuado. Encontrar afinidades ideológicas, es incuestionablemente prudente. Explorar puntos comunes de encuentro, es razonablemente correcto. Alcanzar así, una mayoría que permita gobernabilidad, es lo que se debe hacer. No hay duda en aquello.
El problema está en que se les entregue micrófono y espacio en una mesa de negociación a quienes no pueden hacerlo. A quienes no tienen derechos de participación para intervenir en los asuntos de interés público del país o liderar un partido político, pues, ahí es cuando lo que impera es “el metro cuadrado” de aquellos, o de las bandas y bandidos, dejando de lado los intereses del país. Entonces, ahí es cuando se convierte en más importante el juicio político a la Fiscal General, antes que la seguridad, antes que la salud y antes que las urgencias de los ecuatorianos.
La Constitución señala en su artículo 61 que los derechos de participación, además del clásico elegir y ser elegidos, incluyen también: participar en los asuntos de interés público, presentar proyectos de iniciativa normativa, ser consultados, fiscalizar actos del poder, desempeñar cargos y participar en decisiones de los partidos políticos. Es clarito quiénes sí y quiénes no pueden participar.
Igualmente, el artículo 64 manifiesta que quienes tienen sentencias condenatorias ejecutoriadas con privación de la libertad, tendrán suspendidos sus derechos políticos. Lo propio hace el Código Penal. En el Ecuador, además, hay sentencias condenatorias con suspensión de derechos de participación por diez, veinte y veinte y cinco años.
Es decir, en el Ecuador hay todo. Lo que hace falta es gente con personalidad que haga cumplir la Constitución y la Ley. En este tiempo de negociación de votos, que exista un Presidente electo que negocie votos sí, pero con quienes tiene que hacerlo: con asambleístas jefes de bancada, no, con quienes no tienen derechos de participación. Fácil. (O)
