El Gobierno ecuatoriano anunció este jueves la inclusión de 85.962 nuevos beneficiarios en situación de pobreza y pobreza extrema al sistema de bonos y pensiones del Estado, a la vez que retiró de sus registros a otros 45.566 que ya no respondían a ese criterio.
Los resultados de esta purga fueron anunciados por el ministro de Inclusión Económica y Social (MIES), Esteban Bernal, y la directora de la Unidad del Registro Social, en un conversatorio con medios este jueves en Quito.
Según la reestructuración del Gobierno, un total de 1.463.646 millones de personas recibirán bonos y pensiones del MIES, dentro «del objetivo gubernamental de construir un Ecuador de bienestar para todos sus ciudadanos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025», indica un comunicado.
Bernal manifestó que desde el primer día de la constitución del Gobierno, en mayo, «una de las disposiciones del presidente Guillermo Lasso fue la actualización de datos del Registro Social».
«Lo hemos trabajado de manera técnica para que podamos identificar claramente quienes tienen que ingresar a la protección del Estado», afirmó.
La incorporación de los 85.962 nuevos beneficiarios forman parte de la primera fase del reordenamiento en la protección social del Estado, y de manera progresiva seguirán incluyéndose nuevos receptores hasta un total de 263.561, hasta abril de 2022 en el que se complete el proceso.
La salida de los 45.566 del registro de beneficiarios se debe a que sus condiciones de vida han mejorado y no se encuentran más dentro de los criterios de pobreza que les concede el derecho a pensiones.
En ese sentido, Apraes señaló que la actualización que está haciendo el Registro Social responde a un ajuste en la metodología de identificación de las condiciones de vida de los ecuatorianos.
«Con este ajuste logramos clasificar de mejor manera a la población que se encuentra en niveles de pobreza y pobreza extrema. Además, nos permite identificar a potenciales beneficiarios de estas transferencias económicas, que no se estaban identificando correctamente», agregó.
El Gobierno argumentó que la actualización de datos en el Registro Social permitirá trasladar el apoyo económico a quienes realmente necesitan la asistencia del Estado por encontrarse en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad, entre ellas personas mayores, con discapacidad y familias con niñas, niños y adolescentes hasta 18 años. EFE
