Tras 10 horas de debate y con 104 votos afirmativos y 19 abstenciones, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó la noche del martes 7 de junio de 2022 la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, la cual establece las reglas que regirán en este aspecto para policías, militares y guías penitenciarios.
Pese a que inicialmente todos los bloques parlamentarios habían anunciado su apoyo a la norma, su aprobación se puso en duda ayer, ante el pronunciamiento de los asambleístas de Pachakutik y de algunos de la bancada correísta de UNES, quienes consideraron que el proyecto atentaba contra la protesta social.
Para Salvador Quishpe (Pachakutik), el principal problema radicaba en que, aunque la Ley señala que queda prohibido el uso de armas letales o de impacto cinético (de goma) para la dispersión de manifestaciones, sí lo permite en casos excepcionales.
“No podemos confiar en que se ponga excepcionalmente, cuando ya sabemos que eso se convierte en la ventana para que se haga tabla rasa de todo el artículo”, afirmó Quishpe.
En la votación el bloque de Pachakutik y correístas como Jhajaira Urresta, no votaron en contra, sino que se abstuvieron, porque no se modificaron los tres artículos que solicitaron cambiar.
Ramiro Narváez, ponente del proyecto, defendió la ley, pues recalcó que la excepcionalidad señalada en la norma para el uso de armas letales se refiere de forma exclusiva a un caso en que una persona asesine a otra o a un uniformado.
Además, Narváez recalcó que la Ley busca darle claridad al policía, al militar o al guía penitenciario para que pueda actuar de acuerdo con seis niveles de fuerza, cada uno se debe utilizar dependiendo del grado de riesgo o de peligro que se genere en ese momento.
Adicionalmente, se incorporaron derechos para los policías, quienes contarán con auspicio legal, seguros de vida para proteger a su núcleo familiar y protección en caso de pérdida de la vida o incapacidad, para que puedan ejercer su trabajo con el respaldo del Estado y de su institución.
