Críticas a Ley de Comunicación escalan a nivel internacional

Organismos internacionales cuestionan la posibilidad de que se incorporen sanciones penales por el ejercicio de la libertad de prensa. API
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Las Relatorías de la libertad de expresión piden al presidente Guillermo Lasso un veto total.

A Guillermo Lasso, presidente de la República del Ecuador, le quedan 17 días para pronunciarse sobre un veto parcial o total al proyecto de Ley de Comunicación aprobado por una mayoría opositora a su gobierno en la Asamblea Nacional el pasado 21 de julio del 2022. Desde entonces, la iniciativa ha recibido críticas a escala nacional, y en las últimas horas, los cuestionamientos a la normativa han escalado incluso a nivel internacional.

Santiago Cantón, director del Programa del Estado de Derecho del Diálogo Interamericano con sede en Washington, consideró que, si el objetivo era tener una «ley moderna» de comunicación, lo único que han logrado es retrasarla 200 años en lugar de tener una norma futurista. “Claramente es un retroceso en un momento en donde la libertad de expresión en el Ecuador y en la Región está siendo muy amenazada”, señaló.

Cantón agregó que la posibilidad de que se incorporen sanciones penales por el ejercicio de la libertad de prensa y que a esto se añada la censura previa, o plantear la opinión como algo que debe ser sancionado, lleva a una clara violación de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que Ecuador es adscrito.

A criterio de Cantón, lo que hizo la Asamblea es ir en contra de la Convención de Derechos Humanos que exige a los estados adecuar su legislación interna a la normativa. Considero que una de las consecuencias será la afectación a la libertad de expresión, la democracia y el Estado de Derecho.

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Además, a escala internacional, se envía un mensaje “también muy grave” de que la Asamblea no cree en la libertad de expresión, lo que puede afectar no solo a quienes ejercen el periodismo, sino a los ciudadanos en general.

En los casos de afectación a las libertades, el Estado podría pedir a la Convención acciones urgentes como solicitar la visita al país de Pedro Vaca, Relator de la Libertad de Expresión. “El Estado está obligado a cumplir con la Convención Interamericana de Derechos Humanos; el Ejecutivo representa al Estado, por lo tanto, el presidente Lasso podría vetar los artículos que sean violatorios a la Convención”, sugirió.

Frank La Rue, exrelator para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Expresión, consideró que en el proyecto se incluyen instrumentos para silenciar y limitar a una prensa que debe estar libre de condiciones, y sin ningún tipo de autorización ni censura previa. Para el experto, es momento de que en Ecuador se revise la ley. Cree que el camino es que el presidente de la República vete la legislación.

El criterio de la SIP

Jorge Canahuati, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), resaltó que es satisfactorio que el presidente Lasso haya comprendido que no puede haber democracia sin libertad de prensa. Lo dijo, cuando la semana pasada, el jefe de Estado anticipó, sin dar más detalles, que el proyecto (aprobado por el bloque de UNES, sus aliados de Pachakutik y la ID) tendrá un veto que consagre la libertad de expresión. Entre las reformas aprobadas se crean las defensorías de audiencias, capaces de ejercer censura previa sobre los medios y criminalizar las opiniones editoriales.

También se incluye la responsabilidad ulterior, y a la Defensoría del Pueblo se le da facultades similares a la que tenía la desaparecida Superintendencia de Comunicación (Supercom).(SCC)-(I)