El viernes se cerrarán las mesas de negociación que se iniciaron el 13 de julio pasado entre el Gobierno y las organizaciones indígenas, para analizar, por 90 días, las diez exigencias que se plantearon para poner fin al paro nacional de junio.
Según las autoridades, existen más de 130 acuerdos alcanzados, pero será difícil que se logren pactos en la mesa más importante y, según quienes participaron en las negociaciones, también es la más complicada, la de Focalización de los Combustibles, cuya última reunión se realizará un día antes de la firma del acta final, pero el panorama no es positivo.
El subsidio a los combustibles fue la base del reclamo del último paro nacional, las manifestaciones cesaron una vez que el Gobierno aceptó reducir el precio de las gasolinas y el diésel. Los dirigentes indígenas no descartan que este vuelva a ser motivo de un nuevo reclamo en las calles.
Luis Mullo, dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), señaló que, después de haber alcanzado acuerdos para la focalización de los combustibles, pues ya existía una estructura de quién recibiría el subsidio y a quién se le retiraría, el tema se entrampó en la “insistencia” del Gobierno por mantener este beneficio para los grandes atuneros, pesqueros y camaroneros, grupos empresariales que, según las organizaciones sociales, no lo necesitan.
“Estábamos avanzando bien, pero el Gobierno ha decidido defender a estos grandes grupos económicos que siempre están en contra del pueblo, el Gobierno debe ser como un buen padre, favorecer a quien más lo necesite, que son los pequeños productores, los grandes pueden subsistir”, dijo Mullo.
Por su parte, la Asociación de Atuneros del Ecuador (ATUNEC) ha advertido sobre la afectación que tendría el sector si se les retira el subsidio a los combustibles, incluso se habla de un riesgo de quiebra de esta industria y la pérdida de 40 mil empleos.
Para Henry Llanes, experto petrolero que asesora a las organizaciones indígenas, el beneficio de subsidiar a este sector se debe sopesar con el gasto que le significa al Estado, que invierte 1.200 millones de dólares anuales en otorgarles el subsidio a grandes camaroneros, atuneros y pequeros, el cual lo han recibido por 17 años. Mucho de este beneficio va a manos del contrabando.
Nudos
Además del subsidio a los combustibles, existen otros temas que no tienen contentas a las bases indígenas; según explicó Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, se trata de la negativa del Gobierno para reparar a las víctimas de las movilizaciones, por lo que advierte que se tomarán mecanismos legales para insistir, nacional e internacionalmente.
Por su parte, Mullo señaló que esperaban una disculpa pública de parte del Gobierno, por las acusaciones que se les hizo durante el paro nacional, relacionadas con un financiamiento de las movilizaciones de manos del narcotráfico, pero las autoridades no estarían dispuestas a realizarlas.
Además, han detectado que temas que ya fueron superados, como los tratados en la Mesa de Banca Pública y Privada, no se están cumpliendo en territorio, pues no se han facilitado los trámites para la entrega de los créditos al 1 % y hay demoras en la condonación de las deudas.
Derecho a la resistencia
Aunque el Gobierno informó que existen 136 acuerdos en las seis mesas que se han cerrado hasta el momento y en una que sigue pendiente, para las organizaciones indígenas, el hecho que no se hayan considerado los temas que ellos creían prioritarios, que son precisamente los nudos críticos, los lleva a mantenerse alerta y no descartan el retornar a las movilizaciones, esto podría darse apenas se cierren las negociaciones o en dos meses, cuando se evalúen los cumplimientos.
“Es una de las alternativas, nosotros jamás renunciamos al derecho a la resistencia, contemplado en la Constitución. Le recordamos al pueblo ecuatoriano que las movilizaciones fueron precisamente por la subida de los combustibles, pero el Gobierno no ha entendido, nos ha pedido que en las siguientes semanas lo van a analizar, pero nosotros no vamos a dar ningún tiempo adicional”, advirtió Luis Mullo, dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin).
Se conforma mesa para el seguimiento
Para evitar que los acuerdos que se han alcanzado queden en el aire, se ha conformado una mesa técnica de seguimiento, en la cual se ha establecido un plazo máximo de dos meses para que todos lo pactado sea subsanado por el Gobierno. En este tiempo se deberá construir política pública, elaborar reglamentos y crear leyes que serán enviadas a la Asamblea.
En la mesa de Focalización también existe un acuerdo para mejorar la forma en que se definen los precios de los combustibles, que obedece a las necesidades presupuestarias y no al costo de producción. Para esto se deben reformar las leyes de Hidrocarburos, de Petroecuador, de Consulta Previa, de Minería y crear una Superintendencia de Hidrocarburos, el Gobierno tendrá un mes para presentar un borrador de estas normas.
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Al momento se han cerrado seis mesas, con acuerdos y desacuerdos: Banca Pública y Privada; Energía y Recursos Naturales; Fomento Productivo; Control de Precios; Seguridad y Justicia; y Derechos Colectivos.
El viernes se abrieron las mesas de Derechos Laborales y Salud con 18 “coincidencias”; está pendiente la de Educación Superior y solo el jueves se sabrá como termina la de Focalización de los Combustibles. Quito.- (ASM)-(I)
