“Nuestra rama está en la guillotina y solo falta que baje el hacha”. Así describe Marco Cruz, propietario de la Imprenta Dismarc, la situación del sector artesanal que se muestra preocupado ante la obligatoriedad de la facturación electrónica, que entrará en vigencia el próximo 30 de noviembre.
La impresión de facturas representa entre 60 % y 80 % de ingresos para las pequeñas imprentas autorizadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y temen el cierre de sus establecimientos con esta disposición que consta en la Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal y que fue implementada por el Gobierno tras la pandemia de COVID-19.
La normativa establece la obligatoriedad de facturar de forma electrónica a negocios y personas naturales, excepto, los negocios populares del sistema Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (RIMPE), es decir, aquellos con ventas de hasta 20.000 dólares anuales.
Carlos Moreno, propietario de Imprenta Moreno, señala que el sector se ha visto afectado desde la pandemia por el cierre de eventos sociales, rubro que también representaba ingresos al sector por la impresión de tarjetería.
A esto se suma el incremento de costos, entre 50 % y 100 %, en materia prima que se importa como el papel y tintas, debido al encarecimiento de fletes marítimos que ha duplicado su valor desde la pandemia.
El Banco Central informó que entre febrero de 2021 y 2022 aumentó un 94,8% el costo del transporte de mercaderías importadas.
Marco Cruz, señala que, ante este panorama, ha buscado alternativas como migrar a servicios digitales y personalización de productos. “Antes un cliente pedía 1.000 tarjetas, ahora pide 100, movilizar una maquina Offset para 100 tarjetas no es rentable, hacemos el arte y el diseño en digital en tirajes cortos”, indica Cruz.
Agrega que, la imprenta no va a morir y aunque va en declive, aún se puede hacer cuadernos cosidos u hojas de refill. «Claro que son productos de temporada pero es una etapa en la que se va cubriendo el bache», indica .
Plantón
La Federación Ecuatoriana de Artesanos Gráficos (FEDAG) realizó el pasado lunes un plantón en la Plaza Grande en Quito, a donde llevaron tres propuestas, pues señalan que la facturación electrónica provocará la reducción de ingresos y la pérdida de unos 70.000 empleos directos e indirectos.
“No nos oponemos a la facturación electrónica, una de nuestras propuestas es que haya una flexibilización”.
JAIME BARROS, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS GRÁFICOS DEL AZUAY
El dirigente señaló que solicitan que la facturación electrónica sea obligatoria a partir de los 300 mil dólares en ventas anuales, dado que la mayor cantidad de contribuyentes, se ubica entre los 20 mil y 200 mil dólares en ventas anuales.
“Si ellos dejan de hacer facturas se perjudica a unas 2.500 imprentas a escala nacional, el 80 % se dedica a hacer documentos autorizados por el SRI y al quitar la facturación física, disminuirían los ingresos con lo que no quedaría más que cerrar talleres y despedir personal”, subrayó Barros.
Según datos de la FEDAG, en Pichincha hay 663 imprentas autorizadas para imprimir facturas, en Guayas hay 490 y en Azuay 119.
La segunda propuesta es que se amplíe el plazo más allá del 30 de noviembre y la transición electrónica se haga de forma gradual, hasta 2024. Y la tercera propuesta consiste en pasar a ser imprentas autorizadas por el SRI, como proveedores de facturación electrónica.
Respuesta
Mario Ron, presidente de la Federación Ecuatoriana de Artesanos Gráficos (Fedag), señaló que el lunes fueron recibidos en la Asamblea Nacional por el legislador Fernando Cabascango, presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Colectivos y la Interculturalidad.
“El lunes se llevó a cabo el plantón en la Plaza Grande, asistieron 150 personas de 12 provincias y luego nos dirigimos en una marcha a la Asamblea Nacional para presentar nuestras peticiones”, indicó Ron.
El dirigente gremial señaló que recibieron una respuesta desde la Dirección de Conflictos del Ministerio de Gobierno, para gestionar una reunión con la bancada de CREO a fin de buscar una solución para el sector gráfico artesanal, mediante una eventual reforma al reglamento de la Ley de Desarrollo Económico.
“La cuestión está en manos de la Presidencia de la República, necesitamos una reforma para que se pueda efectivizar lo que estamos pidiendo. Un asambleísta tendría que hacer este pedido en la Asamblea Nacional, auspiciado por 14 legisladores (…) esperamos que la reunión con CREO pueda ser esta misma semana para tener un acercamiento y avanzar en nuestra propuesta”, expresó Ron.
De no tener una respuesta, cuatro días antes de que entre en vigencia la facturación electrónica, los dirigentes del sector gráfico artesanal se declararán en huelga de hambre frente a la Asamblea Nacional. (PNH)-(I)
