La Defensoría del Pueblo de Perú pidió este 7 de marzo de 2023 a la Fiscalía de la Nación (general) que investigue, con rigurosidad, las muertes en las protestas antigubernamentales del país y al Ejecutivo que fortalezca y dé prioridad a sus mecanismos de diálogo para resolver la crisis acentuada desde diciembre pasado.
En un informe sobre la crisis política y protesta social, que cumplió tres meses desde el inicio mismo de la gestión de la mandataria, Dina Boluarte, la Defensoría solicitó a la Fiscalía «individualizar las responsabilidades funcionales y legales que correspondan«, de ser el caso, e implementar fiscalías especializadas en derechos humanos e interculturalidad en todo el país.
Igualmente, que el Ministerio Público garantice la independencia y celeridad en las investigaciones que permitan conocer la verdad de los hechos y a los responsables de lo sucedido, «con el compromiso de contar con las garantías del debido proceso y con el objetivo de evitar la impunidad», añadió.
Con respecto al Poder Judicial, la Defensoría pidió «garantizar la rigurosidad, independencia y celeridad en los procesos denunciados» por la Fiscalía para legitimar el derecho a la verdad de los familiares de las víctimas, y de corresponder, su adecuada reparación, evitando la impunidad.
También planteó al Congreso el control de los decretos que establecieron el estado de emergencia en varias regiones del país, así como la pertinencia de los proyectos de ley que buscan endurecer las penas vinculadas a delitos cometidos bajo el estado de excepción.
DAR PRIORIDAD AL DIÁLOGO
Después de tres meses con movilizaciones, bloqueos y paros, la Defensoría solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros que fortalezca y priorice sus mecanismos de diálogo con enfoque intercultural y territorial para «encarar la crisis política y gestionar la conflictividad social», usando canales pacíficos.
A los ministerios del Interior y de Defensa, les planteó respetar los criterios para el uso de la fuerza y capacitar a su personal en el uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego, en vista a las denuncias de un supuesto uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes.
En los últimos tres meses, hubo 1.327 acciones colectivas de protesta, entre movilizaciones, paralizaciones y vigilias; 60 marchas por la paz; y 153 hechos de violencia, entre ellos el asesinato de un policía que murió calcinado.
Asimismo, la Defensoría lamentó los ataques a comisarías, la toma de aeropuertos, el bloqueo de vías, ataques a instituciones públicas, daños a la propiedad pública y privada, incluidas las viviendas de autoridades; y el desabastecimiento de combustible, alimentos y otros insumos necesarios para el funcionamiento de servicios públicos.
MUERTOS SE ELEVAN A 76
Según los reportes de la Defensoría, al menos 48 civiles murieron durante enfrentamientos con las fuerzas del orden, mientras que un policía perdió la vida tras ser quemado vivo y otras 11 personas debido a los bloqueos de carreteras por manifestantes.
Boluarte confirmó otro fallecimiento por estas mismas causas, el de un paciente que quedó retenido en los bloqueos, y Unicef informó del deceso de un bebé nonato, además de la muerte de una mujer en la norteña región de La Libertad, reportada por la Policía.
El primer ministro, Alberto Otárola, confirmó el 19 de enero el fallecimiento de cuatro ciudadanos haitianos y días más tarde la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) elevó la cifra a siete ciudadanos de ese país que quedaron varados, expuestos a adversidades climáticas y limitado acceso a servicios básicos.
Este lunes se confirmó la muerte de 6 militares, que se ahogaron al intentar cruzar el río Ilave, en el sur del país, supuestamente para evitar un enfrentamiento con manifestantes de esa zona de la región de Puno.EFE
